Los fondos para combatir el paro crecen la mitad que el desempleo

Los fondos para aplacar el incremento del 11,31% del desempleo desde que estallara la pandemia (de 3,5 millones a casi 4 millones) crecen la mitad que el paro: aumentan solo un 6,6%, según las partidas consignadas a tal efecto por el Ministerio de Trabajo y por el de Educación. Trabajo ha acordado hoy mismo con las comunidades autónomas la estrategia para reformar las políticas activas de empleo, destinadas a ayudar a parados y a recualificar ocupados, así como el reparto de 2.111 millones de euros para su desarrollo, en este punto con el voto en contra de Murcia. A esta cantidad hay que sumar los 683 millones de euros aprobados en el Consejo de Ministros de este pasado martes y a distribuir por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En total, 2.794 millones de euros entre Trabajo y Educación.

La dotación presupuestaria de Trabajo, con cargo a los Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril y supone “una de las mayores consignaciones presupuestarias destinadas a este fin de la serie histórica”, según ha explicado la ministra Yolanda Díaz.

El paro juvenil se lleva 600 millones

Del total de 2.111 millones de euros consignados por Trabajo, casi 145,1 millones se destinarán a acciones formativas con itinerarios de formación con acompañamiento personalizado y compromiso de contratación para personas desempleadas en procesos de recolocación y vinculadas a ocupaciones de sectores estratégicos. En estos programas podrán participar 43.000 personas desempleadas.

Por otro lado, 110,2 millones se destinarán a financiar acciones formativas de personas trabajadoras en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para promover la recualificación y la actualización de 250.000 personas.

Un total de 600 millones irán destinados a atender a 21.000 jóvenes, menores de 30 años puedan obtener calificación profesional en sectores estratégicos mediante contrato formativo en el marco del plan para el incremento y la mejora del empleo joven en el marco de la modernización de las políticas activas.

Según estos datos, algo más de 314.000 desempleados de los 3,9 millones largos de parados tendrán acceso a estos programas, apenas un 8% del total.

Además, 688 millones de euros, procedentes del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, se sumarán a estos importes. Este montante dependerá de una serie de hitos y criterios de distribución en los que se está trabajando.

La red de servicios públicos de empleo recibirá 82,6 millones destinados a políticas de orientación de las personas trabajadoras, en la línea con la mejora de ratios que recomienda el Consejo de la Unión europea. La formación en diálogo social y negociación colectiva tiene una partida asignada de 10,1 millones y los centros especializados de empleo recibirán más de 25,8 millones.

Ninguna comunidad ha recibido una cantidad inferior a la que se le transfirió en 2020 y que han aumentado asignaciones Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Así, Cataluña (345,9 millones), Andalucía (348,6 millones) y Madrid (273,9 millones) han sido las comunidades que mayor importe han recibido. Le siguen la Comunidad Valenciana (210,8 millones), Galicia (169,9 millones), Castilla y León (131,2 millones) y Canarias (130,1 millones). Por detrás, se encuentran Extremadura (96,3 millones), Castilla-La Mancha (95,9 millones), Aragón (67,7 millones), Asturias (64 millones), Murcia (57,7 millones), Baleares (49,9 millones), Cantabria (31,5 millones), Navarra (25,5 millones) y La Rioja (11,4 millones).

Dentro de la reforma que Díaz quiere desarrollar junto a las regiones en estas políticas figura el seguimiento y la efectividad de las mismas. Así, se dará especial relevancia a los indicadores de seguimiento. Además, todos estos créditos serán objeto de un seguimiento semestral a través de un informe específico de nueva implantación. También, de manera general, se establecen indicadores de impacto para todos los fondos de todos los ejes para verificar a los 6, 12 y 18 meses la empleabilidad de las personas beneficiarias.