Calviño baraja hacer 100% pública la Sareb en verano

El Gobierno prepara ya varias opciones y fórmulas legales posibles para tomar el control de la Sareb –el conocido como «banco malo», creado para dar salida a los activos inmobiliarios tóxicos de la banca rescatada durante la crisis financiera–, aunque todavía no ejecutará ninguna de ellas porque «nadie nos ha obligado a tomar esa determinación de forma inmediata. No hay ninguna obligación», expresaron a LA RAZÓN fuentes de Economía.

Hace apenas un mes, la oficina estadística Eurostat impuso incorporar la Sareb –dependiente del FROB y de Economía– a las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit. Por esta razón, el Gobierno trasladó a sus técnicos su intención de que la Sareb dejara de tener accionistas privados y pasara a ser una sociedad pública al 100%. La idea es que si el Estado tiene que asumir íntegramente el riesgo y las pérdidas, no tenía sentido no tener el control total.

Aún no se han iniciado conversaciones directas con los bancos accionistas, que han vuelto a reiterar que tienen intención de mantener su participación, ya que en ningún momento han pedido al Ejecutivo dejar de formar parte del accionariado de la sociedad. Por ello, advierten de que si se lleva a cabo esa absorción será una decisión «unilateral» por parte del Gobierno, que «respetan» y le «encuentran sentido» tras el cambio de criterio de Eurostat.

Sin embargo, varios escollos se presentan en el horizonte del objetivo gubernamental. La Sareb se constituyó a finales de 2012 gracias a un real decreto que establecía el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y recogía que «en ningún caso» la participación pública en el conjunto de las participaciones «directas o indirectas» podía ser «igual o superior» al 50%.

Para solventar esta situación, el Gobierno baraja la modificación de este apartado a través de otro real decreto que será aprobado por el Consejo de Ministros, según fuentes consultadas por Efe y confirmadas por este diario. Aunque de momento no hay fecha concreta, se baraja que pueda llevarse a cabo a principios de verano, con lo que el Estado quedaría liberado de ese requisito y podría hacerse con el control absoluto de la sociedad de gestión.

Aunque desde el Gobierno se reitera que no está «obligado» a realizar ningún cambio en la estructura de la Sareb porque la participación del Estado es inferior a la mitad (45,9%), Eurostat recuerda que la sociedad ha ido acumulando pérdidas desde su creación y como su deuda está avalada por el Estado, España debe contabilizarla dentro de sus cuentas públicas. Y todo pese a que se descontó la cartera inmobiliaria, lo que reducirá el volumen de deuda a medida que se vendan sus activos, ya sean préstamos o inmuebles.

Este cambio es lo que ha provocado que el Gobierno se plantee la idea de tomar el control total y extender su viabilidad más allá de 2027, límite inicial de la vida de esta entidad, por lo menos hasta que liquide la totalidad de los activos inmobiliarios, incluidos los compromisos sociales adquiridos con la cesión de viviendas.

La decisión del Ejecutivo no será inmediata, ya que esperará a que el próximo 27 de mayo la Sareb celebre su junta de accionistas. En ella se aprobarán las cuentas anuales, el informe de gestión de 2020 y la conversión de 1.430 millones de deuda subordinada en capital, ya que esta se va reduciendo a medida que la sociedad continúa con su actividad.Ese capital servirá para cubrir las pérdidas de 2020, que ascendieron a 1.073 millones, y el resto del dinero, previsiblemente, se consumirá en los primeros meses de este año. Esta será una de las claves que el Estado puede esgrimir para hacerse con el 100% sin tener que reembolsar grandes cantidades a los inversores privados. Bastaría con abonarles sus participaciones por un precio simbólico y pactado, que podría hacerse efectivo tras la junta de accionistas, una vez que se haya llevado a cabo la conversión de la deuda en capital.

En realidad esta operación financiera solo puede ponerse en práctica gracias a la condición semipública de la Sareb, a la que se permite seguir operando aunque sus recursos propios sean negativos sin tener que disolverse y sin tener que ser recapitalizada.