El Gobierno compensará al menos con 1.291 millones a Abertis por la AP-7

El Programa de Estabilidad remitido a Bruselas reconoce que el Estado deberá encajar ese déficit este año por la caída de tráfico en la autopista

Peaje de la autopista AP-7 a la altura de Tarragona
Peaje de la autopista AP-7 a la altura de Tarragona

El Gobierno reconoce que deberá compensar con al menos 1.291 millones de euros a Abertis, propiedad de ACS y Atlantia, tras el fin de la concesión el 31 de agosto de la autopista de peaje AP-7, en concreto de los tramos 340 kilómetros entre La Junquera y Tarragona, que pasará a ser gestionada por el Estado, según se detalla en el Programa de Estabilidad 2021-2024 remitido a Bruselas. Abertis demanda 3.000 millones al Estado por la caída del tráfico constante desde la crisis financiera respecto a las previsiones, un pleito que se remonta a hace una década.

En 2020, el Tribunal Supremo acordó que la compensación o indemnización pretendida por Abertis por la pérdida de tráfico en autopistas debe contabilizarse como un intangible y no como un activo financiero, con lo que estima el recurso interpuesto por el Ministerio de Fomento. En su sentencia resaltaba que este cobro no será un “derecho incondicional” hasta 2021, año en el que expira la concesión de la AP-7.

En 2006, la ministra de Fomento socialista, Magdalena Álvarez, firmó con Acesa, filial de Abertis un convenio que recogía los términos de la ampliación de dicha autopista, por el que la concesionaria se comprometió a invertir más de 500 millones para ampliar la AP-7 en Girona y Tarragona. Ambos discrepaban sobre la compensación a recibir por Abertis al término de la concesión en 2021, ya que se consideró que el tráfico que generaría el tercer carril serviría para pagar las obras; sin embargo, la crisis económica provocó una caída de la circulación del 30% de media en toda España, lo que hizo que se activaran unos mecanismos de compensación. Abertis cifraba en 2.951 millones de euros su reclamación a Fomento.

El Gobierno sostiene en el documento enviado a Bruselas que este importe se ve compensado por el impacto en 2020 de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo relativa a las cantidades adeudadas a Bankia, CaixaBank y Banco Santander por el almacenamiento subterráneo de gas Castor por 1.454 millones, sin correspondencia en 2021.

En el documento remitido a Bruselas el Gobierno sostiene que los recursos procedentes de ayudas a la inversión y otras transferencias de capital recogen en 2021 una cantidad de 2.000 millones como consecuencia de su influencia en la contabilidad nacional del fin de la concesión de la AP-7, al igual que sucedió en 2020, por ejemplo, con la reversión de la AP-4 y parte de la AP-7.

Esta operación tendrá una incidencia en el déficit por importe de 1.291 millones, añade el Ejecutivo.

De hecho, en 2020 la formación de bruta de capital se vio afectada por la reversión de la AP-4 y parte de la AP-7 por importe de 1.745 millones.

Para 2021, la ausencia de este hecho no recurrente, se ve compensado por el impacto asociado a Abertis en el gasto por importe de 2.000 millones, no previstos en el Plan Presupuestario.

Cabe recordar que

UGT ha alertado de la próxima desaparición de cerca de 500 puestos de trabajo asociados a las autopistas de peaje que vencen a lo largo de 2021, una situación que, sin embargo, coincide con los planes trasladados por el Ejecutivo a Bruselas para extender el pago por uso a las vías de alta capacidad.