Calviño considera «urgente» estrenar la reforma laboral en 2022

El Gobierno considera «urgente» poner cuanto antes en marcha sus reformas del mercado de trabajo, orientada a conseguir empleo de mayor calidad, y del sistema público de pensiones, destinada a garantizar la sostenibilidad del modelo público. En estos momentos, negocia ambas reformas con los interlocutores sociales y parece que conseguirá sellar un consenso en sendas cuestiones. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Nadia Calviño, que compareció ante la Prensa para anunciar, en un gesto de transparencia, que La Moncloa había subido este mismo miércoles a su portal los más de 2.000 folios de los que consta el Plan de Recuperación, que España envió el viernes pasado a Bruselas, junto con los Programas de Estabilidad y Nacional de Reformas. Precisamente, el Gobierno adelanta en este plan su intención de subir la cotización máxima a la Seguridad Social de forma «muy gradual» en un plazo de treinta años. Este alza la negocia ahora con los sindicatos y los empresarios en el marco de la reforma de pensiones, que espera aprobar por fases a lo largo de este año y de 2022.

Según consta en la ficha sobre pensiones remitida a Bruselas y recogida en el Plan de Recuperación, la aprobación del incremento de las bases de cotización máximas del sistema se acompañará de un periodo transitorio de tres décadas e irá acompasado de una adaptación de la pensión máxima. «La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima, que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema». Según el documento, la subida de las bases máximas se realizará con una senda muy gradual y será conocida de antemano por las empresas, que podrán «adaptarse adecuadamente a las nuevas exigencias de cotización a la Seguridad Social».

En la ficha se especifica el calendario de los cambios de la reforma de pensiones. Los más inmediatos, que se llevarán a cabo antes de finalizar este año, consisten en la revalorización de las pensiones con el IPC, el acercamiento de la edad efectiva de jubilación (actualmente en 64,6 años) a la legal y la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. El Gobierno admite que la revalorización en función del IPC de las pensiones conllevará un gasto importante para el sistema, que cifra en 2,5 puntos del PIB en 2050 para luego caer «de forma intensa». No obstante, lo considera «asumible» al compensarlo con otras medidas. Además, espera tener en marcha la adaptación del periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales, que se pretende aplicar de manera progresiva a partir de 2023, así como aprobar la sustitución del factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional. En concreto, incorporará un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y pensionista y nivel de gasto agregado.

Autónomos

El Gobierno tendrá listo también el nuevo sistema de cotización de autónomos en función de ingresos reales, que empezará a desplegarse gradualmente a partir de la segunda mitad del próximo año, así como impulsará los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva. Además, el Ejecutivo está convencido de que la reforma laboral se estrenará a principios de 2022. Esta reforma reducirá a tres los tipos de contratos, modernizará la negociación colectiva, recogerá «una adecuada» regulación de las subcontratas, revisará las bonificaciones a la contratación y pondrá en marcha un mecanismo de estabilidad en el empleo a partir de la experiencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la pandemia del coronavirus.