Calviño defiende los peajes por justos y celebra la disposición de la banca a llegar a acuerdos laborales

El Gobierno ha decidido pisar a fondo el acelerador y poner toda la carne en el asador a la hora de explicar su Plan de Recuperación haciendo oídos sordos a la oposición, que lo tacha de propagandista. Con este objetivo en mente, compareció hoy la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, a petición propia y del PP y de Vox, para explicar, una vez más, el Plan de Recuperación, que abrirá a España la puerta a la llegada de 140.000 millones de euros de fondos europeos para la reconstrucción en la era postcovid-19 en el período 2021-2026. Calviño, cuyo rostro dejaba entrever el cansancio de días, aplaudió, como no podía ser de otra manera siendo la autora intelectual del Plan, la reforma para que se pague por el uso de las carreteras estatales a partir de 2024, así como la disposición de la banca para llegar a acuerdos laborales en plena crisis económica.

Sin citar en ningún momento la polémica suscitada por ella misma un día antes al considerar “una errata” la inclusión del Plan de la eliminación de la reducción de la declaración conjunta en el IRPF, se concentró en el resto de sus reformas, que se recogen en el Plan de Recuperación. Eso sí, avisó de que no es el momento de subir los impuestos, alza que el Plan de Recuperación pospone a 2023. En ese sentido, defendió el pago por uso de la red de carreteras del Estado. A su juicio, esta reforma se halla en sintonía con el modelo europeo y es una medida más justa territorialmente. “Es más justo los 100.000 vehículos (la mitad extranjeros) que circulan por nuestras carreteras paguen por ello”, que el sistema exclusivo de peajes. El Plan de Recuperación incluye una propuesta de sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado en 2024 como parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de “el que contamina paga” y “el que usa paga”.

Casi al término de su comparecencia, se felicitó por “la disposición renovada o reforzada” de algunas entidades bancarias para alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores y, así, “enfocar de la mejor forma posible” los procesos de reestructuración. Además, emplazó al sector financiero a actuar “con responsabilidad” y a pensar en los intereses del conjunto del país. “El objetivo tiene que ser rebajar el coste de estos procesos en términos de empleo” y recolocar a los trabajadores. En su opinión, es necesario “minimizar la pérdida de capital humano que suponen estos procesos de reestructuración”.

En su primera intervención, Calviño demandó “honestamente” no infravalorar el Plan de Recuperación, que el Gobierno remitió el viernes pasado a Bruselas, junto con los Programas de Estabilidad para el período 2021-2024 y el Nacional de Reformas. Parafraseando a su jefe de filas, Pedro Sánchez, recordó que representa “una oportunidad única” de transforma la sociedad española y modernizarla. Momentos antes, cifró en 73.300 millones de euros el gasto público en ayudas directas para proteger el tejido productivo y el empleo entre 2020 y 2021 durante esta crisis económica, lo que equivale, dijo, al 6,4 % del PIB. A esta cuantía hay que añadir 158.000 millones adicionales en financiación a través de garantías, avales o pagos a la Seguridad Social.

La vicepresidenta, que dedicó gran parte de su primera exposición a volver a explicar los antecedentes de los Planes de Estabilidad y de Recuperación, concluyó su contraréplica, después de casi tres horas y medias de comparecencia, recordando que los españoles somos muy dados a “lanzar piedras contra nuestro propio tejado”. Así solicitó a los grupos parlamentarios negociar el plan de reformas estructurales, que permitirá a España recibir los 140.000 millones de fondos europeos.