El Gobierno baraja un peaje de en torno al céntimo por kilómetro para las autovías

Transportes advierte, no obstante, de que el plan no está ni mucho menos definido

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El Plan de Recuperación que el Gobierno ha remitido a Bruselas prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir de 2024. Y aunque todavía está en fase incipiente y no está definido, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tienen claro es que la tarifa estaría más cerca del céntimo por kilómetro que de lo que demanda Seopan, la patronal de las concesionarias. Esta organización, en su última estimación, considera que sería necesario aplicar un pago de 9 céntimos por kilómetro para asegurar una cantidad de ingresos suficiente con la que mantener las carreteras. Pero el Gobierno asegura que bastaría con un peaje mucho más bajo y cercano al céntimo.

En la actualidad, los Presupuestos del Estado una partida de unos 1.000 millones de euros para conservación de carreteras. Una partida a todas luces insuficiente pues, según cálculos de la Asociación Española de Carreteras (AEC), la red arrastra un déficit de conservación de 8.000 millones de euros. Una cantidad que presumiblemente irá en aumento puesto que el Ejecutivo no está renovando las concesiones que van caducando.

Críticas

La posibilidad de la implantación de los peajes ha despertado, sin embargo, un fuerte rechazo. El Real Automóvil Club de España (RACE) ha mostrado su desacuerdo con la medida debido a que entiende que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer un serio peligro, ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas. “Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado”, ha sostenido el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado el “afán recaudatorio” de una medida que supondrá un triple coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios. Por ello, pide un debate social con los actores implicados para lograr un modelo justo de financiación que permita el mantenimiento de todas las vías de circulación.

Las críticas también han llegado desde el Partido Popular y los gobiernos de comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Murcia. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para evitar que el Gobierno imponga esa medida.