Calviño pospone hasta 2023 el alza de Sucesiones, Patrimonio y Sociedades

En los últimos días, el Gobierno muestra un cierto desasosiego en sus comparecencias públicas relacionadas con el Plan de Recuperación, que remitió el viernes pasado a Bruselas y que ha presentado, en diversas ocasiones, a la opinión pública con variaciones sustanciales de una exposición a otra en materias extremadamente sensibles, como es el caso de los impuestos. Además, estas exposiciones, que no han arrojado excesiva luz sobre el calendario de inversiones, han sembrado un mar de dudas sobre cómo y cuándo se acometerán las reformas estructurales imprescindibles para que Bruselas conceda a España los 140.000 millones que le corresponden para su reconstrucción en la era postcovid, de los que 70.000 millones se otorgarán vía subvenciones a fondo perdido.

En unas ocasiones, como durante la campaña madrileña, los miembros del Gabinete de Sánchez han salido a la palestra para asegurar una subida inminente de los tributos de Sucesiones, Sociedades y Patrimonio desde enero próximo y, en otras, para dejar en el aire la misma. Los vaivenes han sido del tal calibre que desde el viernes pasado el equipo económico del Gobierno intenta deshacer entuertos sin excesivo éxito en aquellas materias más delicadas para la ciudadanía, como los impuestos, las pensiones y el mercado laboral. Precisamente, el propio Ejecutivo previamente ha desatado la polémica en estas áreas, como al poner negro sobre blanco su intención de suprimir la reducción de 3.400 euros de la base imponible del IRPF en las declaraciones conjuntas con el pretexto de que fomenta la desigualdad y que hay mujeres que renuncian a un empleo por beneficiarse de esta exigua reducción en el impuesto de la renta.

De hecho, recogió la eliminación de esta reducción en su Plan de Recuperación que envío el viernes pasado a Bruselas. Para cinco días después achacar su inclusión a cosa de las meigas. «Ya se sabe que en 323 páginas es normal que se pueda producir una errata». Y eso es al parecer lo que ocurrió, según explicó ayer la vicepresidenta económica del Gobierno en una rueda de prensa convocada anteayer mismo, después de comprobar el aluvión de críticas que generó esta medida, con la excusa de anunciar la subida de las más de 2.000 páginas que integran el Plan de Recuperación al portal de La Moncloa. Nadia Calviño esperó al turno de preguntas de los periodistas para intentar remediar el desaguisado. Hasta entonces, los asistentes al encuentro online no se explicaban muy bien el motivo de la convocatoria de prensa, en la que en la exposición inicial no se aportó ni medio dato nuevo a lo ya dicho días atrás.

¿En qué legislatura?

Fue en el turno de preguntas cuando se refirió a la supresión de esta reducción como «una errata» no prevista en la ficha de reforma fiscal, sino en la de igualdad de género. Según el relato de Calviño, en la mente del Ejecutivo no está eliminar esta reducción de la declaración conjunta en el IRPF, a la que se acogen más mujeres que hombres por representar la renta más baja. Esta supresión es una propuesta que realizó en su día la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre la revisión de los beneficios fiscales y, por ende, del gasto público. Según la vicepresidenta, el grupo de experto, designado en marzo pasado por el Gobierno para estudiar la modernización del sistema fiscal español, tendrá en cuenta esta propuesta, pero eso no significa que el Gobierno vaya a decidir su eliminación.

En cualquier caso, lo que sí parece claro es que el Ejecutivo pospone hasta 2023 su decisión de implantar una nueva reforma fiscal que suba los impuestos cedidos de Patrimonio y Sucesiones, así como de Sociedades y del diésel. Esta decisión de aplazar la entrada en vigor de la reforma fiscal coincide en el tiempo con el varapalo sufrido por los socialistas en Madrid, que en plena campaña electoral anunciaban su intención de no subir impuestos, mientras las ministra de Hacienda se vanagloriaba de su decisión de armonizar Patrimonio y Sucesiones, bonificado en Madrid en un 99%, en enero próximo. Al parecer, el grupo de expertos no tendrá diseñada su nueva arquitectura fiscal hasta febrero de 2022, tres meses después de lo que preveía Hacienda. Por tanto, en ese ejercicio no dará tiempo legalmente a que comience su andadura. En este escenario, el Ejecutivo esperará a 2023 para implantar su reforma fiscal. No obstante, fuentes consultadas por este diario consideran que lo más plausible será esperar a que pasen las elecciones generales. «Si entonces se consigue revalidar una mayoría suficiente para gobernar el país, será el momento para imponer una reforma fiscal», en la que unos impuestos subirán, otros desaparecerán y en la que en la práctica la inmensa mayoría de bonificaciones sociales se tocarán. Algo parecido sucederá con su decisión de subir los peajes de las carreteras estatales y de establecer nuevos peajes. Aún admitiendo que «su coste no es posible que sea asumido por los recursos presupuestarios» pospone este alza a 2024, fecha en la que ya habrá otro Gobierno central.