El «hachazo» en 10 impuestos costará más de 6.000 millones

El Ejecutivo ha perfilado las líneas generales del hachazo fiscal que prepara para 2023 en su Plan de Recuperación, que remitió el viernes pasado a Bruselas y que abrirá la puerta a la llegada a España de los 140.000 millones de fondos europeos que le corresponde para la reconstrucción postcovid-19. En este escenario, ahora, más que nunca, subir o bajar impuestos se ha convertido en el gran dilema entre la izquierda y la derecha. ¿Pero quién soportará el mayor peso de este incremento de tributos? ¿Cuánto pretende ingresar el Ejecutivo con este hachazo? y ¿qué financiará con el mismo? A partir de 2023 será más caro matricular un vehículo, repostar carburante, planificar un plan de pensiones privado, heredar un piso de los padres, comprar una botella de zumo o de leche que use un envase de plástico desechable, viajar en avión y pagar las cotizaciones sociales por trabajar. Además, el Gobierno no descarta subir el IVA del 4% y del 10% al tipo general del 21% a los bienes que «consumen las rentas altas», así como que tributen más por IRPF las parejas, en las que, por avatares del mercado laboral, sólo trabaje uno de los cónyuges o uno de los dos tenga rentas muy bajas. Es decir que este hachazo fiscal que prepara el Gabinete de Sánchez afectará, fundamentalmente, a las rentas bajas y medias. Con este alza generalizada de tributos, el Gobierno espera ingresar más de 6.000 millones.

Y ¿a qué destinará esta mayor recaudación? El Ejecutivo la dedicará a sufragar el gasto en pensiones, que se disparará en los próximos ejercicios por una jubilación masiva de la generación del baby boom y a financiar la revalorización en función del IPC de las nóminas de pensionistas y de funcionarios, que este año ha disparado el gasto en más de 3.000 millones y que el año que viene lo hará en casi 6.000 millones. De hecho, el Ejecutivo estima un coste sólo por revalorizar las pensiones en 2050 de 2,5 puntos del PIB, más de 10.000 millones.

¿Qué impuestos subirá el Gobierno? Para empezar, las cotizaciones máximas de los trabajadores a la Seguridad Social a lo largo de tres décadas. Esta medida afectará a 1,2 millones de trabajadores, con ingresos superiores a la base máxima actual. Este alza de cuotas sociales a empresas y a trabajadores «deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema», según el Plan de Recuperación. En este punto, Podemos defendía, en su día, recaudar 7.600 millones más por este alza de cuotas.

Para seguir, el Plan prevé retocar las bonificaciones en el IRPF. «Errata», como justificó Calviño, o no en la redacción del mismo, el hecho es que el grupo de expertos, que ha constituido Hacienda para diseñar la reforma fiscal, estudiará, a propuesta de la AIReF, la eliminación de la reducción de 3.400 euros en la base imponible del IRPF de las declaraciones conjuntas. Si el Ejecutivo, al final, decide suprimir esta reducción, los matrimonios españoles pagarán 2.393 millones más por IRPF. Además, desaparecerá la bonificación por aportación a planes de pensiones privados del IRPF. Medida con la que se abonará por este impuesto 1.643 millones más. El Gobierno ha asegurado a Bruselas su eliminación y su sustitución por otro beneficio fiscal centrado en los planes de pensiones de empleo.

Además, prepara un impuesto a los ricos. ERC propuso, en su momento, uno de más de un millón de euros con un tipo impositivo del 3%. Según los cálculos de Podemos, con este nuevo tributo se podría recaudar 1.000 millones más al año. El Ejecutivo armonizará también los Impuestos cedidos de Sucesiones, bonificado al 99% en Madrid, Andalucía y Galicia, y Patrimonio. Esta armonización, que supone subir estos tributos, choca frontalmente con la LOFCA. El contribuyente pagará también más por el impuesto de matriculación, con la supresión de los beneficios fiscales de los vehículos contaminantes, precisamente los de segunda mano, a los que acceden las rentas más bajas. Este tributo está transferido a las comunidades, que gravan con entre un 4,75% y un 14,75% la adquisición de vehículos en España que emitan entre 120 y más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.

Fumar, beber o llenar el depósito con diésel también será más caro. Así, los expertos estudiarán subir más los impuestos especiales que gravan el tabaco, el alcohol y las gasolinas, con un alza del diésel, que pretendía para este año el Gobierno y que el PNV impidió a cambio de su apoyo a los Presupuestos del Estado. Sólo con el impuesto de diésel aumentará la recaudación en casi 500 millones. El Gobierno espera ingresar otros 700 millones por el nuevo impuesto indirecto a envases de plástico no reutilizables y que gravará su fabricación, compra e importación. Viajar en avión también se encarecerá al estar gravado con un nuevo impuesto especial sobre el transporte aéreo. Las empresas tampoco se librarán de este alza fiscal, con un aumento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades.