Sánchez disparará el número de interinos pese a prometer lo contrario

Un millón de asalariados del sector público tienen un contrato temporal con el Estado. Se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al primer trimestre de este año. La temporalidad en las administraciones rompió su tendencia a la baja en 2013, cuando solo medio millón personas tenían un contrato temporal vinculado al sector público. Sin embargo, es desde mediados de 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, cuando la contratación temporal del Estado se dispara, hasta sumar en solo tres años los mismos temporales que en los cinco años anteriores.

Este incremento ha elevado la tasa de temporalidad de los trabajadores del Estado hasta el 30,4%, la más alta de toda la historia, mientras que los asalariados “fijos” del Estado, los de duración indefinida, nunca han sido menos y por primera vez caen del 70%: representan el 69,6%, algo más de 2,36 millones de empleados públicos, según los mismos datos de la EPA.

Lo que demuestra esta evolución es que el Estado está abusando de la contratación temporal para suplir unas carencias que irán a más con la jubilación en los próximos años de casi la mitad de los funcionarios españoles, aquellos que obtuvieron sus plazas desde la llegada de la democracia. Así que, en lugar de dar ejemplo, la tasa de temporalidad en el sector público es 8 puntos superior a la del privado, donde se mantiene estable en el 22%, con una drástica reducción desde 2006, cuando superaba el 36%.

Quizá por ello, el Gobierno ha anunciado en los planes remitidos a Bruselas su intención de atacar esa temporalidad, la más alta de toda la UE, comenzando por la propia administración. Sin embargo, mientras el Gobierno avanza esa lucha contra la precariedad laboral, distintos departamentos de la Administración General del Estado están planificando la contratación de más temporales para hacer frente a las carencias de personal. Los departamentos vinculados a Trabajo y Seguridad Social, al menos, están realizando listados de necesidades de interinos para sacar adelante los expedientes acumulados, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes ministeriales. Aunque la AGE es la administración con la tasa de temporalidad más baja, con un 8% por el 30% de las comunidades autónomas y el 13% de los ayuntamientos, parece que el Gobierno no está dispuesto a predicar con el ejemplo en ese combate contra la temporalidad.

Y eso pese a que el ministro de política territorial y función pública, Miquel Iceta, anunció tres medidas de choque en su reciente comparecencia en el Senado. La primera, que el Gobierno invertirá 1.000 millones de euros de los 4.000 millones del componente 11 del Plan de Recuperación del Gobierno para reducir la temporalidad, elevar la tasa de reposición y captar talento joven para las administraciones públicas. De estos, 970 millones se entregarán directamente a las comunidades autónomas y entidades locales, y 30 millones los gestionará directamente el Ministerio.

La segunda, que se reformará el estatuto básico del empleado público para establecer la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por trabajadores sin contrato fijo. En cuanto a la estabilización, se realizará un nuevo proceso para estabilizar al personal interino. El objetivo, es que la tasa de temporalidad de todas las administraciones quede en el 8%, algo inviable si los propios ministerios y sus organismos contratan interinos. Cabe recordar que el 51% de los funcionarios se jubilará en los próximos diez años y que solo el 12% de los empleados públicos tiene menos de 40 años, lo que da idea del envejecimiento de la plantilla que trabaja en el sector público.

Reducción de los contratos

El otro frente para atajar la temporalidad es el de la reforma de los contratos. En este sentido, el Gobierno “baraja una propuesta o empezar a trabajar” en la reforma de la contratación para reducir la temporalidad " y anuncia que se plantea un acuerdo inminente para implantar en este año una tasa que penalice las bajas de afiliados que se producen de forma temporal en ciertos momentos para posteriormente volver a darlos de alta. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, recordó a mediados de la pasada semana, en su comparecencia para explicar los datos de paro registrado, que el compromiso es reformar la contratación temporal en lo que queda de año, incluyendo la revisión de la subcontratación y de la negociación colectiva.

El Gobierno quiere que sea el diálogo social entre sindicatos y patronal el que determine las modalidades temporales resultantes de la reforma, ya que “las opciones técnicas son muchas” y que la remodelación se hará simplificando las causas para la contratación temporal para que se ciña “a aquellos lugares donde las empresas realmente lo necesitan”, puesto que “hay una gran bolsa de contratos temporales que solo son formalmente temporales”.

Mientras, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está intensificando su combate al fraude en la contratación temporal, lo que ha logrado transformar en indefinidos 89.268 contratos temporales sin justificación, casi el 73% de los contratos a los que se había avisado de fraude, y teniendo en cuenta el envío de 20.000 cartas en la última semana de marzo y la actuación ordinaria de la Inspección, se han transformado 144.000 contratos a lo largo de cuatro meses.