España, única en la UE sin plan para reducir deuda y déficit público

La AIReF arremete contra el Gobierno por no concretar su reformas fiscal, laboral y de pensiones

La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosC. de Luca. POOL C. de Luca. POOL

La política económica del Gabinete de Sánchez no convence ni a propios ni a extraños. Sus difusos programas de Estabilidad para el período 2021-2024 y de Recuperación, remitidos el viernes 30 de abril a Bruselas, no acaban de recibir la bendición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Muy al contrario, este institución, encargada de velar por las cuentas públicas, aprovechó ayer la presentación de su informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 para ponerle los puntos sobre las «íes». La Autoridad Independiente que dirige Cristina Herrero levantó la voz para arremeter contra el Ejecutivo por colocar a España como el único país de la Unión Europea que ha presentado sus Programas sin la necesaria concreción de las reformas estructurales a acometer para poder acceder a los 140.000 millones de euros que le corresponden de los fondos europeos para la reconstrucción postcovid-19. Por tanto, es el único Estado miembro, lamenta la AIReF, que no ha adjuntado a Bruselas un plan fiscal de control del déficit público y de reducción progresiva de la deuda pública, situada desde finales del año pasado en el 120% del PIB, porcentaje que condena a pagar de por vida a varias generaciones de españoles.

Mientras, otros Estados han trazado su hoja de ruta para regresar a la sostenibilidad de sus cuentas públicas y de control de su deuda. De ahí que den más detalles e incorporen el impacto económico y fiscal de las reformas anunciadas en sus planes económicos y fiscales a medio plazo. Este es el caso de Alemania, que cuenta ya con un plan fiscal; de Francia, que ha establecido unas pautas de reducción del gasto sin subir impuestos, o de Italia, que también recortará el gasto, pero subirá sus tributos.

En este contexto, tras calificar de «incompleto» el plan del Gobierno, la AIReF recomienda, una vez más, en sintonía con otros países del entorno, diseñar una estrategia fiscal a medio plazo «creíble y realista» que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y es que la AIReF echa en falta una mayor integración del Plan de Recuperación en el Programa de Estabilidad, que no incorpora los efectos de las reformas sobre el crecimiento y la sostenibilidad del Estado. En este sentido, reitera su aviso sobre la falta de concreción legislativa de las reformas estructurales del mercado de trabajo, del sistema de pensiones y del modelo tributario, que resultan «cruciales» para determinar el eventual impacto del Plan de Estabilidad sobre la productividad, el crecimiento económico a medio plazo y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

“Debilidades”

Según Herrero, la AIReF ya había advertido de que la actualización del Programa de Estabilidad incluido junto al Plan de Recuperación “tenía una serie de debilidades que tenían que ser mejoradas” y este año, además, era “particularmente importante” que se efectuase una planificación plurianual de las finanzas públicas por cuanto se dispone del Plan de Recuperación”, donde que habría que “encajar” las inversiones, proyectos y reformas contenidas en el Plan. “Tampoco es una estrategia que está completa porque se presta una insuficiente atención a los legados de esta crisis”, abundó, indicando que es “probablemente vaya a haber un deterioro de la situación” y del “desequilibrio subyacente de las cuentas públicas”.

De forma específica señaló que el nivel de deuda ya sitúa al país en el 2024 con una deuda del “en torno a 112%”, que “nos coloca en una situación mucho más vulnerable de cara a posibles crisis futuras y, desde luego, de cara a eventuales aumentos en el coste de financiación de la renta”. A título de ejemplo detalló que un encarecimiento de 100 puntos básicos en el coste de financiación de la deuda supondría para España y en el horizonte contemplado del 2021-2024 a “un incremento del gasto de unos 15.000 millones, cifra muy superior a algunas de las reformas que en materia impositiva ya se han anunciado” o también superior “a lo que se haría en el conjunto del ingreso mínimo vital a lo largo de estos cuatro años”. “Por ello nos parece que la estrategia fiscal que presenta la actualización del Programa de Estabilidad es, desde luego, una estrategia fiscal e incompleta”, resumió.

Sí prevé la AIReF una senda de déficit similar a la del Gobierno, aunque cree que la bajada será más intensa en 2021 y 2022 por la inercia de la recuperación económica, prácticamente igual en 2023 y algo menor en 2024 por el agotamiento del crecimiento. Calcula un déficit del 7,8% del PIB para 2021, frente al 8,4% del Gobierno, del 4,6 % para 2022 (5 % del Gobierno), del 3,9% para 2023 (4 % del Gobierno) y del 3,5 % para 2024 (3,2% del Gobierno. De esta forma, cuando se recupere el nivel de PIB previo a la pandemia del coronavirus, el déficit público estará todavía 1,5 puntos por encima del cierre de 2019 (2% del PIB). La diferencia sería de 1,1 puntos si se toma como referencia el saldo estructural, ya que la AIReF calcula que el déficit estructural fue del 3,5% del PIB en 2019 y será del 4,6% en 2024.

En cuanto a la deuda pública, el rebote esperado de la actividad económica y el impulso del plan de recuperación permitirá una disminución de la ratio de deuda en 7,6 puntos en el horizonte previsto, desde el 120 % del PIB de 2020 al 112,4 % previsto para 2024 por la AIReF, que considera factible la proyección de deuda del Gobierno muy similar a la suya. No obstante, advierte de que la situación de partida con un incremento de la deuda de 24,5 puntos en 2020 sitúa a España en una posición más vulnerable respecto al resto de países de la UE, por lo que insiste en el diseño de una estrategia fiscal que genere “espacio” para afrontar futuros riesgos. Al respecto señala que un mayor gasto en pensiones y un endurecimiento de las condiciones de financiación son ahora mismo los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.