La condena de la Ley Rider: «Se van a la calle 15.000 familias»

Los «riders» pro-autónomos y los que defienden el modelo asalariado han dado una pequeña tregua a su batalla interna para dirigir sus críticas hacia la «Ley Rider», aprobada ayer en Consejo de Ministros y que obliga a las plataformas digitales como Deliveroo, Uber Eats y Glovo a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El descontento es una emoción compartida por los 30.000 repartidores de plataformas que hay actualmente operativos en España. Se trata de una «chapuza precarizadora a la que nos ha condenado la ministra de Trabajo» para Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, asociación defensora del modelo autónomo; y es «un paso insuficiente» que «no garantiza la permanencia de los trabajadores» para Fernando, portavoz de Riders X Derechos, colectivo que se postula a favor de la contratación.

Los despidos y la subcontratación precaria por parte de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) tras la entrada en vigor de la ley son los grandes miedos de los «riders» que han encontrado en el modelo de las plataformas digitales una forma flexible de ganarse la vida. De hecho, familias enteras viven de manera holgada con el sueldo de «rider» defendía Leonel, un repartidor que ayer asistió a la manifestación frente al Congreso de los Diputados convocada por Repartidores Unidos y APRA. «Todos tememos por nuestro empleo. Yo mantengo a mi familia con este trabajo, ya que los repartidores que tenemos cierta antigüedad cobramos unos 2.000 euros al mes». «No existe mejora alguna en los contratos que está trayendo está ‘Ley Rider’» denunciaba Gaviria en este sentido.

Pero no se trata solo de dinero, sino también de elegir libremente y ser escuchado. Gustavo denuncia que hasta en 11 ocasiones han solicitado reunirse con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y solo han recibido silencio como respuesta. La nueva ley, además de poner en riesgo 15.000 empleos, les arrebata la posibilidad de compaginar trabajo con estudios o familia, tal y como hace Gustavo con su profesión de músico. La defensa de su flexibilidad laboral no está reñida con la petición de mejores coberturas a las plataformas digitales, señaló Gustavo durante la manifestación. Por ello, los «riders» pro-autónomos piden un modelo a la italiana que les confiera poder de negociación colectiva.

La «Ley Rider» está alineada con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos Sin embargo, tampoco ha terminado de satisfacer ni a sindicatos ni a los repartidores que están a favor del modelo asalariado por considerar el actual extremadamente precario. Fernando, portavoz de Riders X Derechos, califica esta ley como poco ambiciosa al no introducir ninguna salvaguarda que obligue a las empresas a convertir a todos los autónomos en empleados. «En lugar de tener el apoyo público», añade, «afrontamos esta nueva ley solos» y vamos a «tener que seguir pugnando en los tribunales para que se reconozcan nuestros derechos laborales».

¿Hay que obligar a los repartidores a ser asalariados aunque no quieran?

A favor

Le ley fue acordada por Ministerio de Trabajo y Economía Social, CC OO y UGT, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Protección y cotizaciones

La contratación como asalariados hará que se cumplan los derechos laborales, que se acabe con los falsos autónomos en el sector y que estos tengan mejores coberturas.

Transparencia

Las plataformas deberán informar a la representación legal de los trabajadores de las reglas que encierran los algoritmos que pueden incidir en sus condiciones laborales.

Erradicar la competencia desleal

Yolanda Díaz señaló que la ley permitirá acabar con la competencia desleal de ciertas plataformas hacia otras que ya aplican la contratación por cuenta ajena como Just Eat.

En contra

El miedo a los despidos y la precariedad se ha apoderado de un colectivo de repartidores que ve esta ley incompleta y elaborada sin tener en cuenta las peticiones de la mitad del sector.

Contratos de 900 euros

La permanencia de todos los actuales autónomos no está asegurada y la subcontratación precaria es la nueva norma. Los contratos a través de ETT rondan las 30 horas por 900 euros.

Por decretazo

Los «riders» pro-autónomos denuncian que la medida supone «un abuso» al aprobarse por real decreto y sin debate parlamentario. Su postura no ha sido escuchada ni valorada.

Poco ambiciosa y con poco alcance

Los «riders» defensores de modelo asalariado y CC OO critican que la ley solo está dirigida a los riders y no regula a otras plataformas digitales altamente uberizadas.