La patronal se planta en las mesas de la reforma laboral y de las pensiones

No corre el aire fresco por las mesas de negociación que el Gobierno tiene abiertas con los agentes sociales. La relación se ha ido enrareciendo a medida que el tiempo se empieza a echar encima, además de por las sorpresas con las que algunos ministerios han cogido de improviso a sus interlocutores.

Al Gobierno empiezan a no salirle las cuentas ni las fechas y le urge con algo más que prisa la llegada de los fondos europeos.

Los primeros llegarán como adelanto tras el verano, pero el grueso de los 140.000 millones que necesita para salir del pozo de la crisis están supeditados al acuerdo que se logre en la dos reformas fundamentales que exige para Bruselas: las del sistema laboral y el de pensiones.

Y, a día de hoy, las negociaciones con los agentes sociales no están rotas, pero sí bloqueadas. Esto puede verse desde Europa como una peligrosa falta de consenso si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no es capaz de arrancar un acuerdo rubricado por empresarios y sindicatos.

Más que nada, porque eso evitaría que desde Europa se dudara de su puesta en práctica, ya sea por el rechazo empresarial o el social, y que eso obligue a dar marcha atrás en los próximos ejercicios, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones.

En la mesa de la pensiones, el último documento enviado a los agentes sociales por el Ministerio provocó un terremoto que ha hecho tambalear la mesa de negociación, al no recoger las peticiones de los empresarios en cuestiones como los coeficientes en las prejubilaciones o la jubilación forzosa e incluir, por sorpresa y sin negociación previa, el nuevo sistema de cotización de autónomos.

Esa es la gota «que ha colmado el vaso», explicaron fuentes de la patronal, que decidieron suspender la mesa y no acudir a la cita.

En cuanto a la reforma laboral, los empresarios se niegan a cualquier medida que añada «más rigidez al mercado cuando ya el mercado tiene un problema». Tampoco marcha bien la negociación de la prórroga de los ERTE.

El Ejecutivo quiere desengancharse de la responsabilidad final de esta prestación y quiere forzar la reincorporación del máximo de trabajadores a sus puestos con un sustancial recorte de las exoneraciones, que se rebajarían entre el 45% y el 50%.

El recorte de las ayudas ha creado malestar tanto entre los sindicatos como en la patronal, que ya han mostrado su intención de no apoyarlo. «Ahora mismo el acuerdo está mucho más lejos», explicaron fuentes de la patronal.

Preocupa asimismo en Bruselas que alguno de los pesos pesados del área económica del Gobierno hayan puesto pies en polvorosa, tras la concatenación de dimisiones, encabezada por la número dos de la vicepresidenta económica, Ana de la Cueva, y seguida por la jefa de gabinete de la propia Calviño, Carmen Balsa. Unas bajas prácticamente simultáneas a las registradas en el área económica de Moncloa, donde han dimitido el jefe de la Unidad de Políticas Macroeconómicas y Financieras, Víctor Echevarría, y el responsable de información económica de la Secretaría de Estado de Comunicación, Daniel Fuentes.