La digitalización del Estado y las oposiciones “light” servirán para contratar fijos a 300.000 funcionarios

El Gobierno ultima con las comunidades autónomas la digitalización de las administraciones que servirá para lanzar un plan de contratación masivo en los próximos tres años por el que se prevé rebajar la tasa de temporalidad global al 8% de todo los asalariados del sector público. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, recordó de nuevo ayer que la temporalidad es del 8% en la Administración General del Estado, del 13% en los ayuntamientos y de entre el 30% y el 35% en las regiones, que disponen de las competencias en educación y sanidad donde hay mayor proporción de temporalidad. “El objetivo es llegar a una temporalidad del conjunto de las administraciones públicas no superior al 8%”, reiteró.

El Gobierno trasladó en el Plan de Recuperación a Bruselas la intención de cumplir el proceso de estabilización de personal interino que se inició en el bienio 2017-2018 y que supondrá que 300.000 trabajadores que están desarrollando puestos de trabajo de carácter estructural se conviertan en empleados públicos. “Es el objetivo más ambicioso que nunca se haya abordado”, señaló Iceta.

El plan de digitalización de las Administraciones Públicas contará con una inversión de 2.600 millones de euros, de los que al menos 600 millones se destinarán a comunidades autónomas y corporaciones locales, con el objetivo es que los principales servicios a la ciudadanía sean plenamente accesibles a través de dispositivos móviles.

El plan prevé mejorar por ejemplo la eficiencia de la sanidad, con la mejora de la coordinación interna y la implantación de modelos predictivos antes de finales de 2023, o de la justicia, con la gestión de trámites a través de dispositivos móviles o la celebración de juicios telemáticos.

Asimismo, Iceta pretende que ningún asalariado del sector público ocupe durante más de tres años una plaza de carácter estructural sin contrato fijo.

Oposiciones “light”

Iceta también avanzó que antes de que acabe el mes el Gobierno presentará la nueva estrategia de acceso a la Administración Pública. El componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que lleva el nombre de ‘Modernización de las Administraciones Públicas’, cuenta con una inversión total estimada de 4.315 millones hasta 2026. En esta nueva estrategia de acceso que pretende lanzar el Ejecutivo se premiarán las aptitudes y las actitudes sobre la capacidad memorística que hasta ahora imprimía el carácter de las oposiciones.

“Los que temen que con un cambio en los concursos de oposición habrá menor capacitación demostraremos que eso no es así”, ha insistido. En este sentido, Iceta ha remarcado que la “obsesión” del Gobierno no es aumentar el número de empleados públicos, sino rejuvenecer la plantilla.

Sin embargo, mientras el Gobierno avanza esa lucha contra la precariedad laboral, distintos departamentos de la Administración General del Estado están planificando la contratación de más temporales para hacer frente a las carencias de personal. Los departamentos vinculados a Trabajo y Seguridad Social, al menos, están realizando listados de necesidades de interinos para sacar adelante los expedientes acumulados, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes ministeriales.

Un millón de asalariados del sector público tienen un contrato temporal con el Estado. Se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al primer trimestre de este año. La temporalidad en las administraciones rompió su tendencia a la baja en 2013, cuando solo medio millón personas tenían un contrato temporal vinculado al sector público. Sin embargo, es desde mediados de 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, cuando la contratación temporal del Estado se dispara, hasta sumar en solo tres años los mismos temporales que en los cinco años anteriores.

Este incremento ha elevado la tasa de temporalidad de los trabajadores del Estado hasta el 30,4%, la más alta de toda la historia, mientras que los asalariados “fijos” del Estado, los de duración indefinida, nunca han sido menos y por primera vez caen del 70%: representan el 69,6%, algo más de 2,36 millones de empleados públicos, según los mismos datos de la EPA.