El nuevo paro de autónomos dejaría fuera al 90% de los que reciben la prestación

No corren buenos tiempos para las relaciones entre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) que ayer volvieron a rechazar una propuesta de su Ministerio. En este caso, la referente a prorrogar hasta el 30 de septiembre las prestación extraordinaria por cese de actividad, condiciones propuestas ha sido rechazadas de plano, ya que con el planteamiento realizado, solo podrían acceder a esta ayuda apenas 45.000 personas, es decir, se dejaría fuera al menos al 90% de los 450.000 autónomos que en estos momentos están cobrando esta prestación.

El punto más importante que separa ambas posiciones se centra en que los autónomos que quieran solicitar la prestación deberán acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los rendimientos de más del 75% de los habidos en el segundo semestre de 2019, frente al 50% que se pedía hasta ahora, así como no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos superiores a 6.650 euros.

Según la propuesta planteada, a partir del 1 de junio de 2021 los autónomos que a 31 de mayo vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y no hayan agotado los periodos de prestación previstas, podrán continuar percibiéndola hasta el agotamiento del periodo pendiente de consumir o, en su caso, hasta el 30 de septiembre, “siempre que, durante el segundo y tercer trimestre de este año, cumplan con los requisitos”. Para el cálculo de la reducción de ingresos, se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo semestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el segundo y tercer trimestre de este año en la misma proporción.

Los autónomos que vinieran percibiendo la prestación solo tendrán derecho a esta si no hubieran consumido hasta el 30 de septiembre la totalidad del periodo previsto en la Ley General de la Seguridad Social. Según estipula, la duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la situación legal de cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese.

Según reza el texto presentado, los rendimientos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrán superar 2,2 veces el SMI. Por ello, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del SMI. Además, la cuantía de la prestación será del 50% de la base de cotización mínima que le corresponde en función de la actividad. Se quejan las asociaciones de que con esta propuesta se cambian las reglas del juego.

Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, lo ofrecido «ni siquiera es una prórroga, sino que varía muchísimo con lo anterior. Lo presentado dejaría fuera a todos los trabajadores por cuenta propia que han agotado ya el periodo contributivo que venían disfrutando, pero no por su culpa, sino por las restricciones y limitaciones que se han venido decretando. Se quedarían sin ninguna ayuda y no podemos permitirlo». Amor reconoció que seguirán negociando «pero en estas condiciones es imposible que haya un acuerdo por nuestra parte».

Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, se mostró más conciliador porque ya hay cerrados «puntos comunes», pero las discrepancias están en que la prestación «debe continuar con las mismas condiciones si cumplen con los requisitos al menos hasta septiembre». También incidió en que confía en llegar a una solución «en unos días».

Por su parte, Uatae cree que la propuesta del Ministerio no es una prórroga de las medidas vigentes, sino un ajuste en las mismas que «cambia sustancialmente» las condiciones. «Que se suba al 75% el umbral y que se exija no haber agotado los periodos de cotización generados es un agravio respecto a los trabajadores acogidos a ERTE. Evidentemente, con estas condiciones hemos rechazado la propuesta», manifestó su presidenta, María José Landaburu.