La patronal enfría el acuerdo por las pensiones anunciado por UGT

«No hay ningún acuerdo cerrado ni cerrado, ni medio cerrado. Estamos muy lejos en una serie de puntos que no compartimos». Así de contundentes se mostraron ayer fuentes de la patronal CEOE tras las declaraciones de sindicatos y representantes del Gobierno sobre que el acuerdo sobre la reforma de las pensiones está «a falta de unos flecos», según defendieron fuentes sindicales. «Pues si algún sindicato piensa que hay un acuerdo cerrado, será con él. Hay algo más que flecos», contestaron desde los empresarios.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha anunciado en el Congreso Confederal que el sindicato celebra en Valencia el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, y se jactó de que UGT se había «cargado la reforma de pensiones del PP contra viento y marea». El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lanzó en el mismo acto a anunciar el «gran acuerdo» alcanzado, algo que aseguró se cerrará en los próximos días.

Pero, a tenor de la postura de la patronal, ese acuerdo no se cerrará ni este mes. «Estamos sentados en la mesa, pero las posiciones están todavía muy alejadas en algunos puntos muy importantes para nosotros». Además, han tachado de «torpeza» que se sigan haciendo filtraciones de los documentos que no se han negociado. «Eso solo complica las cosas».

En esta misma línea se ha manifestado CC OO, que también ha rechazado que se haya alcanzado un preacuerdo en materia de pensiones. Según fuentes de este sindicato aún existen “escollos relevantes” que deben negociarse antes de anunciar ningún acuerdo, y han advertido que “aún son varias las cuestiones de relevancia que es necesario resolver hasta poder considerar que se ha alcanzado un acuerdo”. También ha reclamado a todos los actores implicados el “sosiego necesario” para poder concretar la totalidad de medidas que hagan posible un acuerdo de diálogo social que contenga los elementos de equilibrio necesarios para garantizar el consenso político y social que precisa el futuro del sistema público de pensiones.