La OCDE a España: subir el número de años cotizados para cobrar la pensión y mantener la reforma laboral

La crisis económica sin precedentes en tiempos de paz ha puesto a España enfrente del espejo de sus debilidades e incluso ha agravado sus problemas estructurales de décadas, como el elevado desempleo, la desigualdad y las disparidades entre regiones. “La crisis refleja en 2020 características estructurales que incrementaron la vulnerabilidad de la economía española. Entre ellas, la importancia del turismo, la elevada prevalencia de pequeñas y medianas empresas y el uso generalizado de contratos temporales”. Así lo advierte la OCDE en un informe sobre España, en el que se analiza sus debilidades y se recomienda una serie de recetas para consolidar una recuperación, que augura paulatina a partir del segunda mitad de este año. Con el ritmo de vacunación, a su juicio, el turismo se recuperará gradualmente. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, estimó hoy, durante la presentación del informe junto con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, que España crecerá este año 5,9% del PIB y el próximo ejercicio el 6,3%, seis y siete décimas menos, respectivamente a la previsión actualizada a la baja por el Gobierno el pasado 9 de abril.

Si bien, alerta de un posible aumento de las insolvencias y, por tanto, de la morosidad, una vez que se elimine el apoyo de las políticas. En el documento se asegura que el plan de recuperación, llave que abre la puerta a la llegada de los 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, contribuirá a la recuperación a corto plazo y debería utilizarse para estimular el potencial de crecimiento a largo plazo. “Para que la recuperación sea duradera e inclusiva, será necesario mejorar la calidad del empleo reduciendo la fragmentación del mercado laboral, mejorando las competencias de la población y reforzando el apoyo a los demandantes de empleo. Las reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones serán fundamentales para afrontar los desafíos fiscales a medio plazo”, recomienda.

El informe emite una serie de recomendaciones claves en diferentes campos para asentar la recuperación:

Deuda pública.- Tras alerta de la excesiva incertidumbre que pesa sobre el ritmo de la recuperación, así como de que los efectos de la crisis varían entre sectores, empresas y trabajadores, avisa de que sin una estrategia creíble de consolidación a medio plazo que permita encauzar la deuda pública en una trayectoria descendente y sostenible, una vez consolidada la recuperación, podrían aumentar los riesgos para la sostenibilidad fiscal. Cuando la recuperación esté bien encarrilada, aconseja anunciar un plan plurianual de consolidación fiscal que incluya a todos los niveles de la administración, con el objetivo de aportar credibilidad a la sostenibilidad fiscal. En ese sentido, considera que, pese a la necesidad de reordenar las prioridades de gasto, no es habitual que se lleven a cabo revisiones del gasto. “La falta de evaluación de las políticas, también en los niveles subnacionales de gobierno, puede ser un obstáculo para redirigir el gasto a usos más productivos”.

Plan de recuperación.- Como no podía ser de otra manera, lo considera una oportunidad para apuntalar la recuperación económica. Por eso aconseja priorizar las reformas que potencien el crecimiento a largo plazo y, al mismo tiempo, garantizar una veloz implantación del plan para asentar la recuperación a corto plazo, así como asegurar la coordinación y gobernanza eficientes del plan de recuperación, velando por la transparencia de los procedimientos y criterios de inversión. En este contexto, recuerda que se ha establecido un sistema de gobernanza que incluye a los distintos niveles de la administración en el plan de recuperación, sin embargo, advierte de que su aplicación puede ser problemática. Por ello, “será necesario un esfuerzo constante para afrontar las dificultades que puedan surgir en su aplicación”.

Ayudas directas/solvencia.- Tras considera positiva la reciente aprobación de ayudas directas por importe de 7.000 millones de euros a empresas viables que atraviesan dificultades exclusivamente por la Covid-19, recomienda garantizar el pronto desembolso de las nuevas ayudas directas e incrementar los fondos asignados si fuera necesario. La OCDE aconseja ejecutar sin demora estas ayudas directas, dirigidas a empresas que atraviesan dificultades financieras debido exclusivamente al COVID-19 pero que tienen muchas posibilidades de volver a ser rentables en el futuro. “La reestructuración rápida de empresas viables con problemas temporales puede evitar su liquidación injustificada, y debe facilitarse en el ámbito extrajudicial para evitar que los procedimientos se demoren”.

Mercado laboral.- Al igual que el Banco de España, la OCDE considera que es posible que haya que reasignar trabajadores de otras empresas y sectores. A su juicio, la actual regulación laboral que da flexibilidad a nivel de las empresas puede ayudar a estas a adaptarse más fácilmente en la fase de recuperación pospandemia. De ahí que aconseje asegurarse de que los trabajadores acogidos a programas de ERTE, sobre todo en sectores para los que se prevean plazos de recuperación más largos, hagan un uso eficaz de su prioridad en materia de formación. Además, apuesta por mantener un mercado laboral flexible, dando prioridad a los convenios colectivos de empresa en detrimento de los sectoriales y regionales.

La utilización generalizada de contratos temporales incrementa la desigualdad y la pobreza laboral. Aunque el empleo temporal puede ayudar a los sectores afectados en el corto plazo, a medio plazo debe reducirse la dualidad del mercado laboral. Los incentivos a la contratación han de dirigirse a los grupos más vulnerables y estar limitados en el tiempo. También es preciso reforzar su vínculo con programas de formación, de tal forma que constituyan un peldaño para acceder a puestos de trabajo más estables. El abanico de contratos a disposición de las empresas debe simplificarse y han de aclararse las condiciones en las que se puede recurrir a contratos temporales, como, por ejemplo, para empleos estacionales o de formación. Asimismo, es preciso evaluar las repercusiones que las rápidas y acusadas subidas del salario mínimo han tenido en el empleo, especialmente en el caso de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados. El proceso de fijación del salario mínimo podría modificarse con la creación de una comisión independiente permanente, encargada de evaluar sus posibles efectos y elaborar recomendaciones que permitan una modificación gradual del salario mínimo en consonancia con la evolución de las condiciones del mercado laboral y de la productividad. En la reforma del mercado laboral, Nadia Calviño aseguró hoy que se seguirán las directrices de la OCDE durante las negociaciones con los interlocutores sociales de la reforma del mercado de trabajo, que se prolongarán durante este ejercicio.

Sistema público de pensiones.- El envejecimiento de la población continuará ejerciendo presión sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Los desafíos fiscales se verán exacerbados por la duplicación de la tasa de dependencia de la tercera edad de aquí a 2050. Por eso considera que han de tomarse medidas adecuadas y socialmente aceptables para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones. “Por ejemplo, la edad de jubilación podría vincularse a la esperanza de vida. La edad efectiva de jubilación puede seguir retrasándose desincentivando la jubilación anticipada e introduciendo nuevos incentivos para prolongar la vida laboral, por ejemplo incrementando el número de períodos de cotización requeridos para cobrar la pensión íntegra. Estas medidas deberían ir acompañadas de otras encaminadas al reciclaje profesional de los trabajadores de más edad.

Más impuestos.- La OCDE cree que hay margen mejorar la fiscalidad ambiental con el objetivo de ahorrar energía e incrementar la recaudación tributaria. La tasa del impuesto que grava los combustibles en sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea es baja en comparación con otros países. Por eso, aconseja que, una vez la economía entre en una senda de recuperación clara, la tributación de los combustibles deberá incrementarse para reflejar mejor las emisiones de CO2. Al mismo tiempo, deben adoptarse medidas de redistribución que favorezcan a los hogares más pobres.

Digitalización.- El informe su muestra partidario de impulsar la difusión de la digitalización y un mayor crecimiento de la productividad, de aplicar íntegramente el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y de continuar reduciendo las excesivas cargas regulatorias para desarrollar la infraestructura de comunicaciones, así como las diferencias normativas entre autonomías, mediante el mecanismo consultivo existente. Además, apuesta por reforzar la capacidad de los centros tecnológicos para llevar a cabo de forma eficaz actividades de I+D mediante alianzas entre empresas, especialmente pymes, e institutos de investigación. A su juicio, los servicios digitales de la administración pública están bastante desarrollados. No obstante, hay margen para seguir expandiéndolos, por ejemplo, en el caso de la oferta de contratación pública electrónica de autoridades adjudicadoras autonómicas”.