Moratoria de 180 días de Biden a España para negociar la tasa Google antes de gravar con más aranceles

EE UU busca alcanzar un acuerdo multilateral sobre fiscalidad internacional en el seno de la OCDE y el G20. Amenaza con un arancel del 25% a 27 productos españoles

Joe Biden, presidente de Estados Unidos
Joe Biden, presidente de Estados Unidos FOTO: CARLOS BARRIA REUTERS

La Administración Biden ha anunciado la aplicación de una moratoria durante 180 días de aranceles a seis países, entre ellos España, para que den marcha atrás a su intención de aplicar impuestos digitales a través de la tasa Google para “dar tiempo” a una “solución multilateral” en el marco del G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De esta forma, el Gobierno de Joe Biden quiere darse tiempo para negociar en esos foros con Austria, la India, Italia, Turquía, Reino Unido y España. La representante de Comercio Exterior de EE.UU., Katherine Tai, destacó en un comunicado que el objetivo de Washington es encontrar una “solución multilateral” para dar tiempo para que esas negociaciones “continúen progresando”, aunque deslizó una amenaza implícita al mantener “la opción de imponer aranceles si es necesario en el futuro”.

Estados Unidos considera que la tasa sobre servicios digitales aprobada por estos países resulta discriminatoria y perjudica los intereses comerciales estadounidenses. No obstante, si bien la determinación final de las investigaciones desarrolladas por las autoridades estadounidenses es imponer aranceles adicionales a ciertos bienes de estos seis países, han determinado que quieren “encontrar una solución multilateral a una variedad de problemas clave relacionados con la tributación internacional, incluidas nuestras preocupaciones sobre impuestos a los servicios digitales”, dijo Katherine Tai.

En el caso de España, tras completar la investigación abierta en junio de 2020 sobre la tasa a los servicios digitales, la Oficina del Representante Comercial de EE UU ha determinado que la medida apropiada es la imposición de un arancel ‘ad valorem’ del 25% sobre una lista de 27 subpartidas arancelarias de productos. “El impuesto a los servicios digitales de España no es razonable, es discriminatorio y grava o restringe el comercio de EE UU”, ha señalado Tai, en referencia al caso español. Según señala la Oficina, el valor comercial estimado de los productos incluidos y potencialmente afectados por la medida alcanzó los 324 millones de dólares (265 millones de euros) en 2019.

La investigación sobre el impuesto digital por parte de la oficina de la Representante de Comercio Exterior de EE UU se abrió el año pasado bajo la Presidencia de Donald Trump, cuando dijo que estos países buscaban “penalizar a unas compañías tecnológicas en concreto por su éxito comercial”. En el caso de España, los aranceles propuestos del 25% se aplicarían sobre productos de marroquinería como cinturones y bolsos, así como el calzado, la cristalería de interior, gambas, camarones, langostinos o pulpo congelado.

La tasa digital que entró en vigor en enero año en España afecta a las empresas que facturen más de 750 millones al nivel mundial y 3 millones en el país. Como consecuencia, grava con un 3 % los ingresos que las grandes multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

Para determinar el nivel de comercio cubierto por los aranceles adicionales, EE UU ha tomado en consideración el valor de las transacciones digitales cubiertas por el impuesto digital de España y la cantidad de impuestos aplicados por España a las empresas estadounidenses. “Las estimaciones indican que el valor del impuesto digital pagadero por grupos de empresas con sede en EE UU a España será de aproximadamente 127 millones de euros”. “El representante Comercial de Estados Unidos continuará monitoreando el efecto de la acción comercial, el progreso de las discusiones en la OCDE y el G20, así como el progreso de las discusiones con España, y puede adoptar las modificaciones apropiadas”, ha señalado la Administración estadounidense.