Las autonomías, en pie de guerra contra la burocracia de Hacienda

Tres meses después, aún no ha llegado ni medio céntimo de euro a los beneficiarios de las ayudas directas por importe de 7.000 millones destinadas, especialmente, a pymes y a autónomos afectados por la pandemia del coronavirus, que el Ejecutivo aprobó en marzo pasado. El recuento es desolador. Con la práctica totalidad de los convenios firmados entre Hacienda y los Gobiernos autonómicos correspondientes, las autonomías no saben por dónde empezar a meter mano para gestionar la infinidad de trámites burocráticos impuestos por Hacienda, que impiden actuar con agilidad en un caso, como el actual, de extrema necesidad.

En otras ocasiones, cuando se ha tratado de ayudas directas como ahora, el mecanismo de comprobación ha consistido en una declaración responsable verificable a posteriori de que lo dicho se ajusta a la realidad. Sin embargo, esta vez se aplica para el reparto de los 7.000 millones la ley de subvenciones, lo que supone «enterrar en un papeleo sinfín tanto a la administración autonómica como al empresario necesitado de que esa ayuda llegue ya», aseguran fuentes de la Junta de Andalucía. Esta situación no sólo ha sido denunciada por comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía y Madrid, sino también por las gobernadas por el PSOE, como es el caso de la Comunidad Valenciana.

Mientras, el cruce de acusaciones entre los Ejecutivos autonómicos y central se recrudece. De hecho, la ministra de Hacienda advirtió veladamente la semana pasada de la obligación de las autonomías de cumplir con todos los trámites de la ley de subvenciones y no conceder a dedo, arbitrariamente, dichas ayudas, cuyo «destino debe ser justificado convenientemente». Sin embargo, el Banco de España y la OCDE, en su último informe sobre la economía española presentado la semana pasada, han avisado de la urgencia en repartir ya esas ayudas directas y, por tanto, se han mostrado ambas instituciones partidarias de simplificar las trabas burocráticas, con el fin de agilizar los plazos de entrega.

«Estas ayudas son auténticos salvavidas para miles de pymes y autónomos, que si las reciben ahora podrán salvar los muebles. De lo contrario, estarán abocadas al cierre», se lamentan fuentes autonómicas. Además, las comunidades se quejan de no haber sido consultadas a la hora de establecer los mecanismos de reparto, así como en la decisión de destinar estas ayudas a empresas que tengan deudas contraídas a pagar a partir de ayer, día 1 de junio, dejando fuera a aquellas que «han realizado el esfuerzo de abonar sus deudas con anterioridad, pero cuya situación también es delicada».

Pese a ello, Hacienda ha optado por aplicar la ley de subvenciones a estas ayudas, que retrasa la llegada de las mismas a los beneficiarios. De hecho, la propia Hacienda ha reconocido la dificultad y lo «farragoso» del procedimiento elegido. En ese sentido, ha admitido «la complejidad de tener que integrar y coordinar los datos con los procedentes de otras administraciones tributarias competentes (Haciendas Forales y Administración tributaria...)» Por eso, en un intento de agilizar estos trámites burocráticos, la Junta aprobó ayer un decreto para poder aplicar en Andalucía los 1.109 millones , que le corresponden de los 7.000 millones, al sector turístico por las pérdidas de la covid. Así, agilizará la tramitación para cumplir con los plazos establecidos en la norma del Gobierno central y pagar a los beneficiarios antes del 31 de diciembre de 2021.