Las consultas para cambios de sede fiscal ficticios se disparan con la pandemia

El Registro de Asesores Fiscales (REAF) -junto al Instituto de Economía de Barcelona (IEB)- ha presentado la segunda edición de la encuesta de opinión sobre el sistema tributario español, realizada entre más de 5.000 profesionales del sector. Las principales conclusiones son que las empresas han disparado las consultas sobre cambios de sede fiscal, que una abrumadora mayoría critican abiertamente la situación fiscal en España y piensan que “no mejora con el tiempo, sino todo lo contrario”, que la pandemia afecta negativamente a las empresas “al poder perder beneficios fiscales ya aplicados”; y que las actuaciones telemáticas, a pesar de facilitar el cumplimiento, “dificultan la comunicación con la Administración tributaria y disminuyen su flexibilidad”.

Más del 64% de los asesores fiscales advierten de un aumento en el número de consultas de cambio de residencia fiscal, ya sea a otra comunidad autónoma o al extranjero, y casi dos de cada tres opina que estos cambios son principalmente ficticios, mayoritariamente para evitar el pago de impuestos. Según la encuesta, el 64,6% de los asesores ha observado un aumento de consultas de cambio de residencia fiscal y tres de cada cuatro perciben un aumento de movilidad al extranjero (77,3%) y otras comunidades autónomas (75,8%). “Jamás aconsejaríamos un cambio de residencia solo por motivos fiscales”, ha aclarado el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, presente en el acto en el que también se dio a conocer el documento “Declaración de Sociedades 2020”. Entre un 60 % y un 62 % de los asesores encuestados cree que estos cambios de sede fiscal son societariamente falsos.

A hilo de esta situación, Pich ha considerado “imprescindible” un nuevo sistema de financiación autonómico más transparente que evite el “populismo”, así como una armonización que no suponga “uniformidad” ni elimine la competencia fiscal entre autonomías.

En términos generales, la segunda edición de la encuesta ha revelado que casi la mitad de los asesores piensa que el sistema fiscal está peor que hace cinco años y la mitad, que la Agencia Tributaria se ha adaptado peor que otras Administraciones del Estado a la pandemia, aunque se muestran más optimistas sobre la capacidad de la ley de lucha contra el fraude para reducir la litigiosidad.

Hacen hincapié en que las actuaciones telemáticas, a pesar de facilitar el cumplimiento, han empeorado el servicio público porque dificultan la comunicación con la administración tributaria y disminuyen su flexibilidad. Consideran que las actuaciones de comprobación a distancia deberían utilizar el vídeo, teniendo en cuenta que se necesita un periodo de adaptación a estas nuevas formas de relacionarse y creen que para disminuir la litigiosidad es importante profundizar en medidas de flexibilización de recargos y sanciones y en la relación cooperativa, introduciendo, en los procedimientos de revisión, incluso la mediación.

También advierten de que la complejidad del sistema tributario se produce, fundamentalmente, por modificaciones normativas, por cambios de criterio administrativo, por tratamientos especiales y por la deficiente redacción de las normas, que sitúan las normativas en un “nivel farragoso” y “difícil de interpretar”, con los consiguientes problemas para su aplicación.

Asimismo, los asesores fiscales apuestan por aprobar modificaciones normativas que impidan la pérdida de beneficios fiscales por la situación excepcional de crisis en 2020 y 2021, y recomiendan mejorar la aplicación de los tributos intensificando la clarificación rápida de los criterios administrativos y jurisprudenciales, además de “simplificar y unificar la aplicación de los tributos entre administraciones autonómicas a nivel práctico”, por ejemplo, en cuanto a plataformas y presentación de modelos. “Asesores y contribuyentes prefieren un interlocutor único en la aplicación de los tributos, por lo que valoran positivamente la integración de Administraciones tributarias”, apuntan.

Los economistas avisan en la encuesta de que se aprecia “un incremento de la dureza, especialmente en actuaciones de comprobación por los órganos de gestión tributaria y, sobre todo, por la Agencia Tributaria”.

Tras las respuestas de los encuestados, el REAF propone “aprobar modificaciones normativas que impidan la pérdida de beneficios fiscales por la situación excepcional de crisis que estamos viviendo en 2020 y 2021”; disminuir la litigiosidad mediante medidas de flexibilización de recargos y sanciones y en la relación cooperativa, introduciendo, en los procedimientos de revisión, incluso la mediación; y “simplificar y unificar la aplicación de los tributos entre Administraciones autonómicas a nivel práctico, por ejemplo, en cuanto a plataformas y presentación de modelos”.