Opinión

La reforma perpetua y la política del gorrazo

Todos los ministros de Trabajo se han estrellado ante los abusos de la contratación temporal y tampoco ha tenido éxito ningún plan de fomento del empleo juvenil

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Congreso
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el CongresoEUROPA PRESS/E. Parra. POOLEuropa Press

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, en uno de los momentos más confusos –bajos para muchos– del Gobierno de Pedro Sánchez, se atreve con una pseudopropuesta de contrarreforma laboral. Casi al mismo tiempo, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, intenta salir del laberinto de otra reforma, la de las pensiones, sin que exista ningún indicio de que posea como Teseo un hilo de Ariadna mágico que le guíe. Completan el paisaje los berridos del diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral, que reclama «correr a gorrazos» al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, por avalar un informe técnico –que es dudoso que el político haya leído y menos entendido– sobre los efectos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros en 2019, con el resultado de más de 100.000 –170.000 en el cálculo más pesimista– empleos menos, lo que no significa que se destruyera el mismo número de puestos de trabajo. Es un matiz técnico, pero importante. No es lo mismo destruir empleo que generar las condiciones para que se dificulte su creación, pero el resultado, en cualquier caso, es muy negativo para el mercado de trabajo y para quiénes sueñan con un empleo.

La «vice» Díaz, con mejor imagen y estilo que su exjefe Pablo Iglesias, pretende reducir todo lo posible la contratación temporal, así como el fraude y los abusos que existen –haberlos haylos– en ese tipo de contratos. El empeño es tan loable como difícil, porque ahí se han estrellado todos los ministros de Trabajo –del PSOE y del PP– durante lustros. Díaz tiene el derecho y la obligación de intentarlo, pero ese intento, incluso si sale bien, tampoco creará empleo y menos juvenil, en un país en el que el 39.53% de la población entre 16 y 25 años que quiere trabajar no puede hacerlo. Por eso, la «vice» impulsa un Plan de Garantía Juvenil (2021-2027), que es también el enésimo intento para que «los jóvenes puedan acceder a un empleo estable y de calidad».

Habrá, en teoría, casi 5.000 millones –la mayor parte de fondos europeos– para ponerlo en marcha, pero todo indica que una vez más ese dinero se destinará a supuesta formación y, sobre todo, a gasto administrativo, estatal y de las comunidades autónomas, para atender a los llamados servicios públicos de empleo, que la sabiduría popular conoce como servicios del «paro». Ninguno de esos planes ha funcionado nunca y el de Yolanda Díaz seguirá el mismo camino si se empeña en revertir la reforma laboral de Rajoy y Báñez, que dejaba de ser perfecta, pero que tampoco se mejora con un paso atrás en un proceso de reformas tan perpetuas como estériles.

Escrivá sigue sin conseguir cuadrar el sudoku de las pensiones y contentar a todos, desde la Comisión Europea, a su jefe Sánchez, a la «vice» Nadia Calviño y a los pensionistas. Ahora incluso está en duda la supresión del factor de sostenibilidad, una fórmula como otra cualquiera, se diga como se diga, para evitar grandes revalorizaciones de las pensiones. Sánchez tendrá que intervenir en algún momento y se encontrará ante el dilema de contentar a la clientela o poner en riesgo los fondos europeos y eludir el problema no lo soluciona.

Cristina Barceló, Mario Izquierdo, Aitor Lacuesta, Sergio Puente, Ana Regil y Ernesto Villanueva son los expertos –bastante prestigiosos por cierto– autores del estudio sobre las repercusiones de la subida del SMI, publicado por el Banco de España, en el que Yolanda Díaz ve cosas positivas, pero que a su correligionario Mayoral le lleva a reclamar que se corra al gorrazos al Gobernador Hernández de Cos. Es el recurso a la pataleta ante la ausencia de argumentos.

El informe, que no es una lectura ligera ni para ignaros económicos, constata, hasta donde es posible hacerlo, los efectos negativos en el empleo, sobre todo en los colectivos con menores salarios, pero tampoco es todo lo concluyente que desearían los mayores críticos de las alzas del SMI, lo que confirma la independencia de un análisis que llega –estaba anunciado hacía tiempo– cuando la «vice» Díaz intenta impulsar otra subida que supone otro conflicto interno –lo admitan o no y más o menos larvado– en el Gobierno. Es, otra vez, la reforma perpetua, inútil hasta ahora y rematada por el trazo grueso de la política de gorrazos.

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