Competencias

El Gobierno recurre al Constitucional la ley de vivienda catalana que limita los precios del alquiler

No pide su suspensión cautelar, alegando que pronto se aprobará la Ley de Vivienda nacional

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosEUROPA PRESS/O.CAÑAS.POOLEuropa Press

El Gabinete de Sánchez ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la norma de vivienda del Ejecutivo catalán que topa los precios de los alquileres por considerar que vulnera competencias estatales. Sin embargo, no demanda la suspensión cautelar de la misma, con el argumento de que en breve estará lista la Ley de Vivienda de Ábalos, una vez consiga superar sus desavenencias con su socio gubernamental Unida Podemos. Así lo puntualizó este martes la ministra portavoz del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la impugnación de los artículos 1, del 6 al 16; las disposiciones adicionales de la primera a la cuarta; la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta letra b. “Entendemos que vulnera las competencias estatales en esta materia”. Este fue el argumento esgrimido por la ministra portavoz para presentar este recurso de inconstitucionalidad, recomendado, en su día, por el Consejo de Estado, tras ser consultado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Según Montero, el Ejecutivo no ha solicitado la suspensión cautelar de la norma catalana, entre otros motivos, porque la Ley estatal de Vivienda incorporará muchos de los elementos que “ahora por competencia” se recurren ante el Tribunal Constitucional. Este recurso de inconstitucionalidad se produce después de seis meses de diálogo frustrado con la Generalitat de Cataluña a través de la comisión bilateral. Además, Montero expresó su confianza en que las negociaciones que mantienen los socios gubernamentales sobre la futura Ley de Viviendas lleguen a buen puerto antes de las vacaciones estivales, aunque tampoco descartó que lo hagan después.