No habrá fondos europeos en 2022 sin reforma laboral

El Gobierno deberá presentar cambios en el sistema de pensiones y en el mercado laboral antes de que acabe el año que viene

La segunda parte de los fondos está condicionada
La segunda parte de los fondos está condicionada FOTO: POOL REUTERS

Bruselas no ahoga, pero sí aprieta. Aunque nuestro país podrá optar a los 19.000 euros previstos para este año (9.000 de anticipo en julio y otros 10.000 en diciembre) sin haber concretado todavía la reforma laboral y de pensiones que siguen negociándose con los agentes sociales, el Ejecutivo comunitario exige a nuestro país un calendario detallado de reformas que será necesario para los siguientes desembolsos a partir de junio del año que viene. Nada de dormirse en los laureles. En total España deberá alcanzar 416 hitos, el 70% de ellos durante el periodo 2020-23.

El tono del documento es comprensivo ya que la Comisión Europea considera beneficioso que estas reformas se realicen por consenso, pero también exigente. En el capítulo de pensiones, Bruselas admite que el Gobierno español haya decidido emprender una contrarreforma respecto a las tradicionales recomendaciones del Ejecutivo comunitario durante los últimos años. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido volver a vincular las pensiones respecto al IPC para conservar el nivel adquisitivo de los jubilados y también eliminar el denominado factor de sostenibilidad pactado durante el Gobierno de Mariano Rajoy por el que la cuantía de la prestación estaba vinculada a la esperanza de vida en el momento del fin de la vida laboral, lo que previsiblemente reduce su cuantía. Según la Comisión Europea, esta contrarreforma podría “incrementar el gasto en pensiones en el medio y largo plazo, si este impacto no está los suficientemente calibrado por otras medidas compensatorias” entre las que se encontrarían desincentivar las jubilaciones anticipadas, cambios en el periodo de cálculo de la vida laboral, o aumentar las bases máximas de cotización. Cuestiones que ahora mismo se están dirimiendo entre los agentes sociales.

Para que no haya dudas de la urgencia de estas medidas, la Comisión Europea exige que antes de 31 de diciembre de 2021 se hayan tramitado la reforma para que la edad de jubilación efectiva se corresponda con la real y se incentive su retraso (por ejemplo, al permitir compatibilizar el trabajo y la pensión). Además, antes del 31 de diciembre de 2022 también deberá estar listo el ajuste del periodo contributivo y un nuevo mecanismo para reemplace el factor de sostenibilidad y “garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria”. También antes del 30 de junio de 2022, debe modificarse el sistema por el que los autónomos paguen sus cuotas de la seguridad social según sus ingresos reales y no su libre elección y antes del 31 de diciembre de 2022 la reforma para aumentar las bases máximas de cotización.

En el caso de que estas medidas no sean suficientes, Bruselas aboga por que “este incremento del gasto en pensiones podría ser mitigado a través de ajustes fiscales proporcionales en el futuro” y alude a la subida de impuestos y reducción de gasto a la que el Gobierno se ha comprometido en el plan enviado a los técnicos comunitarios.

En cuanto a la reforma laboral, Bruselas ve con buenos ojos las propuestas del Gobierno para reducir la temporalidad (30% en la administración pública y el 22% en el sector privado) con el objetivo de simplificar lo tipos de contrato e incentivar los indefinidos; convertir los ERTE en un instrumento que pueda utilizarse de manera permanente para frenar la destrucción de empleo ante una crisis económica y un nuevo sistema de negociación colectiva. Para que no se hable tan sólo de promesas sino también de realidades, los técnicos europeos vuelven a poner fechas. Estas tres reformas deben haber sido tramitadas antes del 31 de diciembre de 2021.

Según apunta el análisis de Bruselas, el Gobierno pretende que los ERTE permanentes sean financiados a través de un sistema triple de contribuciones de empleados, empleadores y el propio Estado (los ERTE temporales durante la pandemia han sido sufragados a través de créditos blandos europeos y hay que encontrar una financiación alternativa). Para cuadrar las cuentas, la Comisión Europea exige que el Gobierno español realice un estudio de la sostenibilidad fiscal “a medio y largo plazo” de este nuevo instrumento “con diferentes opciones y escenarios.

En cuanto a la negociación colectiva, Bruselas espera de manera paciente los frutos del diálogo social pero apunta a que " se espera que el diseño de la reforma apoye la creación de empleo y la competitividad, especialmente al asegurar que las empresas puedan adaptarse de manera rápida a los acontecimientos económicos y que los salarios respondan a la productividad a medio plazo”