El pago de las prestaciones corre peligro por el despido de 500 interinos en el SEPE

Las bajas serán paulatinas hasta final de año. Habrá 500 ceses ahora, otros 500 en septiembre y los 500 restantes el 31 de diciembre. La plantilla duda de que puedan cumplir con el pago de prestaciones y las vacaciones

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Imagen de Oficina de Empleo en MadridJesús G. FeriaLa Razon

Los peores augurios de la plantilla del SEPE y de sus interinos se han confirmado: no se renovará a la totalidad de los empleados temporales contratados durante la pandemia. Según confirman fuentes del SEPE, de los 1.500 interinos que estaban pendientes de renovación solo seguirán en sus puestos un millar, ya que 500 cesarán en sus funciones el 30 de junio. Los 1.000 restantes serán renovados hasta el 30 de septiembre, cuando habrá otro recorte significativo y 500 de ellos también tendrán que dejar sus puestos al final del verano. Así, del total de interinos adscritos a tareas administrativas y de gestión incorporados durante la crisis del coronavirus, solo 500 serán prorrogados hasta el 31 de diciembre. Es decir, 1.000 efectivos desaparecerán en solo tres meses.

Las únicas plazas que se mantendrán de momento invariables son los 635 puestos adscritos a la oferta del Plan de Estabilización de Empleo Temporal (PEET), cuya convocatoria de plazas ya se publicó en el BOE del 28 de mayo para estabilizar 1.367 puestos, que consolidarían al personal temporal en una plaza fija tras superar los exámenes de la convocatoria. Por esta razón, la Dirección General estaría obligada a que los trabajadores que ocupan ahora parte de esas plazas sean renovados a partir del 1 de julio hasta que se celebre la fase de oposición.

Desde CSIF denuncian que se ha puesto en peligro la operatividad del servicio y el cuadrante de vacaciones, dado el problema endémico de la alarmante carencia de efectivos, porque el cumplimiento de sus funciones depende directamente de estas renovaciones. “El esfuerzo que están haciendo sus trabajadores por poner al día las ingentes cargas de trabajo que han recaído sobre el Organismo se ha visto dilapidado otra vez por una decisión errónea, la de no renovar este conjunto de efectivos hasta que se hubiera cubierto de manera estructural a través de OEP por funcionarios de carrera.

Este sindicato culpa directamente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de estos despidos por su “dejación de funciones” y por “no haber hecho absolutamente nada por evitar esta decisión de dos direcciones generales (Función Pública y Costes de Personal de Hacienda) que están por debajo de su rango político. Ella es la auténtica responsable de este servicio público y del cese de estos 1.500 trabajadores en el periodo señalado”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han negado a este periódico que se haya producido cualquier tipo de dejación de funciones por parte de la ministra, Yolanda Díaz. “Nuestra petición era de renovación total de todos los interinos y así lo trasladamos tanto a Función Pública como a Hacienda. Estos trabajadores han hecho una labor extraordinaria durante todo este tiempo en el SEPE, pero la decisión corresponde a los ministerios competentes, no a nosotros. La ministra no es la responsable de esta decisión porque no le corresponde la competencia”.

Fuentes de CSIF han negado con rotundidad esta afirmación, ya que consideran que “Díaz es la máxima autoridad de este servicio público”, al ser un organismo público adscrito a su Ministerio. “Vuelve a quitarse la culpa de encima cuando es la responsable directa de estos trabajadores y, por tanto, de sus despidos”.

Fuentes de Hacienda confirmaron a LA RAZÓN que “nuestros técnicos han estado trabajando con el SEPE para lograr la renovación del personal temporal que fuera necesario para las tareas actuales, que no son del mismo volumen que cuando se contrataron los dos bloques de refuerzo de 1.000 y 500 interinos por la avalancha de los ERTE y la acumulación de trabajo en pleno confinamiento. Hoy el volumen de trabajo ha disminuido considerablemente”, por lo que en una decisión conjunta con Función Pública ha decidido prescindir paulatinamente de estos temporales, 500 ahora, otros 500 en septiembre y los 500 restantes en diciembre.

Desde CSIF ha cargado también contra Función Pública porque “vuelve a demostrar su falta de respeto hacia los funcionarios públicos y por el servicio esencial que aportan” y contra Hacienda, porque “otra vez no ve más allá del dinero”. El sindicato ha lanzado una advertencia tras esta decisión: que muchos departamentos se quedarán prácticamente bloqueados en varias provincias, ya que la escasez de personal en algunas de ellas, pese a los refuerzos, “es un problema endémico” y en verano se quedarían prácticamente sin efectivos por las vacaciones. En esta situación estaría hasta un 30% de las delegaciones provinciales del organismo. Se duda incluso de que se pueda efectuar en fecha el pago de las prestaciones y subsidios, o gestionar un mínimo de procesos administrativos, como en los variaciones que se producen en el significativo metro de trabajadores en afectados ERTE.