Los puestos de 800.000 interinos, en riesgo ante la limitación de la temporalidad a tres años por decreto

Los interinos que trabajan para la Administración Pública se quedarán en el paro en un plazo máximo de tres años, a no ser que superen unas oposiciones especiales. Así lo ha confirmado hoy el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que ya anunció su intención de reducir la temporalidad en las administraciones públicas modificando el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público el pasado mes de mayo. La propuesta que estudia el Gobierno también contempla sancionar a las administraciones que contraten con fraude de ley.

Tal y como ha expuesto la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, del Grupo Mixto, en el Pleno del Congreso, las oposiciones no son una salida para los interinos que llevan décadas desarrollando su trabajo. Oramas precisó que hay un millón de trabajadores públicos temporales, de los que 700.000 son mujeres, “de una edad en la que no volverán a encontrar trabajo” y se preguntó qué problema hay para darles estabilidad hasta su jubilación.

800.000 interinos y temporales afectados

Iceta, en respuesta, ha explicado que mañana habrá una conferencia sectorial, en la que se presentará la propuesta del Gobierno y que “en breve” un Consejo de Ministros verá el decreto ley sobre la temporalidad en las administraciones públicas. Los pilares de esta nueva medida son la prohibición de la temporalidad por más de tres años y la penalización a las administraciones públicas “que hayan demostrado desidia por haber contratado con fraude de ley”.

Iceta calcula que habrá en total unos 800.000 trabajadores interinos y temporales afectados por esta reforma, a los que se intentará dar estabilidad y compensar, ha puntualizado. El daño puede ser aún mayor si finalmente el decreto ley incluye la cláusula de que la vacante se quede sin cubrir durante un año, tal y como lo hacía el borrador al que tuvo acceso LA RAZÓN a finales de mayo, lo que supondría un claro deterioro de los servicios públicos.

La única alternativa que tienen estos interinos, que en algunos casos llevan la mayor parte de su vida laboral cubriendo una vacante pública, pasa por superar unas oposiciones especiales, ha detallado Iceta, en las que se tendrá en cuenta la experiencia. Las comunidades autónomas y los entes locales “tendrán un margen”, porque no se quiere perder “la experiencia y el talento de tanta gente”, ha añadido, aunque los que no superen las pruebas se irán al paro y quedarán a la espera de una oportunidad laboral en una bolsa de trabajo de interinos.

Objetivo: 8% de temporalidad

La Administración arrastra el problema de la temporalidad desde hace más de 30 años, reconoció el ministro de Política Territorial y Función Pública. En concreto, la tasa de temporalidad en la Administración General del Estado (AGE) es del 7,04%, frente al 36,66% de las autonomías o el 12,28% de las administraciones locales. El objetivo es que los porcentajes de todas las administraciones queden en el 8%, algo inviable si los propios ministerios y sus organismos contratan interinos. Además, cabe recordar que el 51% de los funcionarios se jubilará en los próximos 10 años y que solo el 12% de los empleados públicos tiene menos de 40 años, lo que da idea del envejecimiento de la plantilla que trabaja en el sector público.

La reforma del estatuto básico del empleado público es solo una de las herramientas con las que Miquel Iceta pretende luchar contra la temporalidad. Otra es la inversión por parte del Gobierno de 1.000 millones de euros de los 4.000 millones del componente 11 del Plan de Recuperación del Gobierno para reducir la temporalidad, elevar la tasa de reposición y captar talento joven para las administraciones públicas. También se realizará un nuevo proceso para estabilizar al personal interino. Y otro de los anuncios que hizo el Gobierno es implantar este año una tasa que penalice las bajas de afiliados que se producen de forma temporal en ciertos momentos para posteriormente volver a darlos de alta.

Un abuso para suplir carencias estructurales

Bruselas ha alertado en varias ocasiones del problema de la temporalidad en el mercado laboral español, también en el ámbito público. Sin ir más lejos, el pasado 3 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reprendió a España por abusar de la contratación temporal en sus administraciones tras analizar el caso de una trabajadora temporal que estuvo cubriendo una vacante de auxiliar de hostelería vinculada a una oferta de empleo público durante 13 años.

Todo ello demuestra que la Administración está abusando de la contratación temporal para suplir unas carencias estructurales, lo que pone en riesgo su viabilidad cuando estos trabajadores se ven obligados a abandonar sus puestos. Así está ocurriendo en el SEPE, donde 1.500 trabajadores temporales contratados durante la pandemia serán despedidos hasta fin de año. Del total, 500 cesarán en sus funciones el 30 de junio y otros 500 el 30 de septiembre. El resto terminarán su relación contractual el 31 de diciembre. Esta medida supone prescindir del 20% de la plantilla actual del SEPE y pone en riesgo el pago de las prestaciones. Las únicas plazas que se mantendrán de momento invariables son los 635 puestos adscritos a la oferta del Plan de Estabilización de Empleo.