Vivienda

El Gobierno quiere prohibir por ley la privatización de la vivienda pública de alquiler

Ábalos ha defendido que esta medida pretende acabar con la “expropiación de lo colectivo” y atajar la falta de oferta de parque público de vivienda en España

Licitada la construcción de 58 viviendas públicas en el municipio de Guadarrama
Licitada la construcción de 58 viviendas públicas en el municipio de GuadarramaCOMUNIDAD DE MADRIDCOMUNIDAD DE MADRID

El proyecto de ley de vivienda que prepara el Gobierno prevé prohibir la privatización de vivienda pública destinada a alquiler por parte de las Administraciones Públicas, según ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. “Es uno de los presupuestos fundamentales que nos motivó a trabajar el proyecto de ley de vivienda, que es garantizar la función social de la vivienda y muy especialmente impedir la enajenación del parque público”, confirmó el ministro en una entrevista en la Ser Cataluña.

Ábalos ha asegurado que esta medida pretende acabar con la “expropiación de lo colectivo, tanto que a algunos les gusta hablar de expropiación”, y atajar la falta de oferta de parque público de vivienda en España. También anunció que sigue negociando con Podemos la ley de vivienda y ha asegurado que está en su ánimo cumplir con el acuerdo de gobierno, que le compromete a “frenar las subidas abusivas” de las rentas de alquiler, pero que “no dice poner precios”, ha subrayado. En ese sentido, ha reiterado que están “intentando buscar una fórmula en la que todos nos encontremos y nos reflejemos”.

Pese a los desencuentros y rupturas de la negociación con Podemos, el Gobierno confía en aprobar “en breve” la ley de vivienda, aunque como recordó la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el último Consejo de Ministros, en estos momentos hay cuestiones que no permiten avanzar en la negociación entre los dos socios del Ejecutivo al ritmo marcado y por ello pidió “calma y tiempo”, pese a los “altibajos”

PSOE y Podemos llevan meses tratando de sacarla adelante, pero el acuerdo se ha visto detenido por las dudas con la seguridad jurídica y el respeto a todos los elementos que tienen que ver con la propiedad privada. “Para el Gobierno, tan importante es atender el problema como que no haya ningún tipo de inseguridad para los propietarios o para los inquilinos”, dijo Montero.