El Gobierno de Sánchez, contra el campo y los ganaderos

La últimas salidas de tono de Díaz y Garzón indignan a los productores. Las comunidades critican las formas de Planas y su equipo, a los que acusan de querer alcanzar un pacto deprisa y corriendo con la PAC

Explotación ganadera
Explotación ganaderaGOBIERNO DE CANTABRIA GOBIERNO DE CANTABRIA

¿Qué es lo que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez contra el campo y contra el sector agroalimentario español? A los ataques anteriores hay que añadir otros tres durante las últimas horas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a los empresarios agrarios extremeños para que abandonen lo que denomina «la precariedad» de los trabajadores a los que dan empleo.

Desde las organizaciones agrarias de esta comunidad han rechazado las palabras de Díaz. Mientras tanto, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se despachó ayer con un nuevo ataque contra la ganadería, a la que acusa de ser responsable del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y pidió a los ciudadanos que reduzcan de forma drástica el consumo de carne.

Frente a lo anterior, el ministro de Agricultura, Luis Planas, teórico encargado de defender los intereses del campo da la callada por respuesta y está desaparecido en lo que constituye el tercer ataque. Mientras tanto, ayer hubo una reunión de carácter técnico en el Ministerio de Agricultura, presidida por el secretario general, Fernando Miranda, con representantes de las comunidades autónomas con el fin de pactar la aplicación de la PAC en España.

Una parte de los representantes autonómicos fueron muy críticos con las formas de Planas y su equipo, a los que acusaron de querer alcanzar un pacto deprisa y corriendo. Y también con el fondo, porque destacaron las lagunas que tiene el documento remitido a las Consejerías la semana pasada. Así, la Junta de Andalucía ha afirmado que no está dispuesta a firmar el cheque en blanco que supone la propuesta nacional para la nueva PAC planteada por Planas.

Otro ejemplo: desde Murcia afirman que se cita a las comunidades con un documento de mínimos y señalan que «necesitamos cifras concretas, estudios de impacto que nos permitan valorar con la objetividad necesaria el futuro». De momento, no hay.