Bruselas propone prohibir las transacciones en metálico de más de 10.000 euros

Bruselas está dispuesta a poner coto al blanqueo de dinero en la Unión Europea (UE). Por eso, la Comisión Europea ha propuesto hoy la creación de un nuevo organismo que se encargará coordinar el trabajo de las autoridades nacionales, lo que incluirá también a los respectivos servicios de inteligencia. Además, esta nueva unidad también supervisará de manera directa a las entidades consideradas más peligrosas, aunque la lista todavía no se ha establecido, y podrá establecer sanciones multimillonarias para los infractores.

Este paquete legislativo para luchar contra el dinero negro también incluye una nueva regulación más estricta sobre las criptomonedas y la prohibición de que las transacciones con dinero contante y sonante sobrepasen los 10.000 euros, un tope que algunos países europeos ya reflejan en sus regulaciones nacionales. De hecho, dos tercios de los países europeos han impuesto límites más severos y pueden seguir manteniendo esta normativa. En Grecia, están prohibidas las adquisiciones en metálico más de 500 euros.

Con esta propuesta Bruselas intenta responder a los escándalos que sacudieron a varios bancos europeos en el año 2019 y que incluyeron al alemán Deutsche Bank, el holandés ING o el danés Danske Bank. Europol calcula que el 1% del PIB europeo está relacionado con actividades sospechosas que incluyen también el terrorismo. “Aunque la escala del blanqueo de dinero es difícil de calibrar, estamos hablando sobre miles de millones de euros en dinero negro que es altamente móvil y a menudo invisible”, ha asegurado el vicepresidente económico Valdis Dombrovskis en rueda de prensa.

Actualmente, la normativa europea contempla medidas contra el blanqueo de dinero, pero cada estado debe adaptar estas ordenaciones a su ordenamiento jurídico lo que implica diferentes aproximaciones por parte de las legislaciones nacionales. Esta propuesta quiere imponer un marco común que evite agujeros legales y también facilite la coordinación entre las autoridades nacionales y los servicios de inteligencia. Una de las grandes preguntas es si la creación de este nuevo organismo será suficiente para vencer estas reticencias a la hora de compartir información, tan habituales entre los Estados miembros.

Esta nueva autoridad europea dará empleo a una plantilla de 250 personas, de las que 100 se encargarán de la supervisión directa de las entidades seleccionadas. Esta lista se elaborará según el perfil de riesgo y las actividades transfronterizas y se renovará cada tres años. Además, la nueva autoridad europea se reserva el derecho de pedir al ejecutivo comunitario que una entidad financiera quede bajo su paraguas si detecta que está incumpliendo de manera constante lo estándares europeos y la autoridad nacional no toma cartas en el asunto. Se espera que este organismo comience a funcionar de manera plenamente operativa en el año 2026, aunque ahora este nueva legislación debe ser negociada con las capitales europeas – algunas reticentes a ceder competencias en un terreno tan delicado- y el Parlamento Europeo.