La plaza fija a los diez años sin oposición, al borde de la ilegalidad

CSIF advierte de que ya hay abogados del Estado que dudan de su constitucionalidad

Un trabajador interino se manifiesta en la Plaza de España de Zaragoza
Un trabajador interino se manifiesta en la Plaza de España de ZaragozaFabián Simón Europa Press

El ya conocido como «decreto de los interinos» aprobado el pasado miércoles para luchar contra la temporalidad en la Administración Pública y que contempla integrar en su desarrollo parlamentario la posibilidad de que los empleados públicos que lleven diez años o más en situación de interinidad accedan a una plaza fija sin realizar una oposición, nace con una espada de Damocles sobre su constitucionalidad.

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, explicó ayer que el anuncio de María Jesús Montero sobre el acceso a plaza sin necesidad de oposición para los interinos que lleven más de 10 años «genera inseguridad jurídica» y, además, ha destacado que «hay abogados del Estado que ya dudan de la constitucionalidad» de esta propuesta. Un anuncio que el Ejecutivo negoció con ERC ante la dificultad para sacar adelante el decreto en el Congreso de los Diputados. «¿Por qué diez años y no tres? Esto genera muchas dudas y a muchos trabajadores les ha sembrado intranquilidad», se preguntó Borra en las mañanas de esRadio. «Veremos cómo acaba esto en tramitación legislativa», advirtió.

En este caso se aplicaría la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de méritos: «Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos», especifica el artículo. Sin embargo, desde la Abogacía del Estado se duda de la constitucionalidad de una aplicación masiva de esta opción a parte de las cerca de 700.000 personas que tienen un trabajo temporal en la Administración.

La Encuesta de Población Activa recoge que hay un millón de asalariados del sector público con un contrato temporal con el Estado. Se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica. La temporalidad en las administraciones rompió su tendencia a la baja en 2013, cuando solo medio millón personas tenían un contrato temporal vinculado al sector público. Sin embargo, es desde mediados de 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, cuando la contratación temporal del Estado se dispara, hasta sumar en solo tres años los mismos temporales que en los cinco años anteriores.