Plus Ultra recurre el peritaje sobre el rescate de 53 millones ordenado por la juez por “innecesario”

La representación letrada de la aerolínea Plus Ultra ha recurrido la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, de encargar un peritaje que determine si cumplía con los requisitos legales para obtener el rescate por importe de 53 millones de euros que le fue concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que Vox y PP, personados en la causa como acusación popular, consideran irregular.

Así se señala en el recurso presentado por la compañía el pasado 22 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se defiende la “innecesariedad, carencia de utilidad y falta de justificación” de la prueba pericial acordada, de cuyo resultado depende que la magistrada comience a citar o no a los responsables del SEPI por este asunto. Cabe destacar que Collazos ya ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la SEPI y su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración por una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública. Su citación, no obstante, dependerá del peritaje que se ha encargado, y que la compañía rechaza.

Por otro lado, Plus Ultra ha remitido este mismo miércoles al juzgado dos escritos, en este caso unas alegaciones y un informe pericial encargado por la aerolínea española a un auditor de cuentas independiente, con el que pretende demostrar que el préstamo participativo que resta por recibir (34 millones de euros de un total de 53) es necesario para garantizar la viabilidad de la aerolínea española.

Este segundo escrito responde a un requerimiento concreto de la juez, que el pasado jueves dio cinco días a la compañía aérea para que “acredite la necesidad de entrega del préstamo”. Lo hizo en el auto en el que ordenó paralizar la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.

El informe pericial demuestra, según un comunicado de la aerolínea, “que los 19 millones de euros recibidos hasta ahora han sido íntegramente empleados en los fines para los que estaban destinados”. En este punto, Plus Ultra asegura “que los fondos restantes que sean entregados a la aerolínea serán asimismo empleados para los destinos y finalidades para los que fueron concedidos, y que, además de su sentido de responsabilidad y compromiso con lo pactado, existen instrumentos en la concesión que establecen exigentes y periódicos mecanismos de control”.

Motivos para oponerse al peritaje

Volviendo al escrito de oposición al peritaje, la defensa de Plus Ultra alega falta de motivación y sobre todo “falta de pertinencia, necesidad y utilidad de la prueba pericial acordada, en tanto que viene a remitir a la valoración de un experto, aquello que ya ha sido valorado por una pluralidad de autorizados estudios aportados a las actuaciones y respecto de los que, hasta lo aportado a la causa, no cabe atribuir razón alguna de duda o tacha”. Entre estos estudios, cita los informes realizados por Daiwa Corporate Advisory (DC Advisory), que fue contratado por SEPI, como proveedor externo e independiente de servicios de apoyo, para evaluar la solicitud apoyo financiero del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y que analizan el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y proporcionalidad de la ayuda.

El paquete se completa con un informe de análisis de actividad de la compañía Aérea Plus Ultra del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana; otro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) acerca de la situación económica-financiera de Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. y otro informe elaborado por la propia SEPI.

El propio Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) comunicó a la juez el pasado 14 de julio que en dos semanas se cumplía el plazo para efectuar el segundo pago del rescate a Plus Ultra, por importe de 34 millones de euros, ante lo cual Collazos dio traslado a las partes para que se pronunciaran.

La Abogacía del Estado, que representa a los miembros del Consejo Gestor del FASEE, alegó que se debería pagar, reivindicando “la plena legalidad del apoyo financiero otorgado” a Plus Ultra, aunque subrayando que, dado que no tiene “particular interés” en que se haga el desembolso, comparte el “principio de prudencia”.

La Fiscalía de Madrid, por su parte, interesó “requerir a Plus Ultra a efectos de que en el término más breve posible acredite la necesidad de entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros (...) para pago a acreedores, proveedores, etc”.

Decisiones del Supremo, el Tribunal de Cuentas y la UE a favor de Plus Ultra

Finalmente, la compañía defiende “que una investigación penal y sus medidas cautelares no deben ni pueden interrumpir el curso ordinario de la actividad de la compañía, causando graves perjuicios para terceros”. También se muestra confiada en que, así como ya se han pronunciado el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, “las primeras diligencias de la instrucción permitan desvelar ante el Juzgado la inconsistencia de las denuncias que han originado estas actuaciones y que, en consecuencia, pueda acordar, a la mayor brevedad, al archivo de las mismas”.

En este sentido, cabe destacar que el Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación incoada el pasado mes de junio a raíz de una denuncia de Ciudadanos sobre posibles responsabilidades contables en la concesión de la ayuda. Plus Ultra también destaca la reciente decisión de la Unión Europea de no abrir investigación formal alguna tras evaluar la información remitida por el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano.

En paralelo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo archivó el pasado mes de junio una querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, en relación a la concesión de los fondos de la SEPI a la aerolínea, por no presentar los indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos objeto de la querella.