Chantaje de Hacienda a las comunidades: condiciona el pago de 3.000 millones a los nuevos Presupuestos

Lo que empezó con las comunidades autónomas cantando victoria contra el Ministerio de Hacienda puede terminar con sorpresa a juzgar por la letra pequeña que María Jesús Montero ha añadido al pago del IVA pendiente de 2017. «Por fin», señalaba el consejero madrileño de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, al conocer en el marco de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno había claudicado y transferiría a las comunidades cerca de 3.000 millones de euros para compensar el impacto que tuvo en sus cuentas el cambio del sistema de gestión del IVA en 2017. Sin embargo, la cesión de Hacienda puede tener gato encerrado.

El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo dio parcialmente la razón a la Junta de Castilla y León y a la Xunta de Galicia y, en dos sentencias, obligó al Gobierno central a devolver una parte de la liquidación del IVA de 2017. Ante esta situación y el temor a una más que probable cascada de pleitos perdidos en los tribunales, Montero abrió la puerta a regañadientes a dar luz verde a un pago al que hasta ese momento se había negado en rotundo, escudándose en que era un problema generado por el anterior Gobierno del PP y que el plazo para remediarlo ya había vencido.

Partida en los PGE de 2022

El problema viene por la fórmula elegida por la titular de la cartera de Hacienda para solucionar el agravio: una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, cuya aprobación está en el aire en estos momentos dada la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición socialcomunista. Es decir, una especie de «chantaje», pues se liga el pago de esos 3.000 millones de euros a las comunidades a que las Cortes den su visto bueno a las nuevas cuentas públicas, que penden de un hilo.

Además, se trata de la segunda vez que Hacienda, con María Jesús Montero al frente, hace la misma jugada a las comunidades autónomas, no precisamente con buenos resultados para estas. La ministra ya «ofreció» a las regiones pagar esos 3.000 millones si se aprobaban los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Cosa que finalmente no sucedió y, por consiguiente, tampoco el pago a las autonomías. Un precedente que recuerda peligrosamente lo frágil que puede ser la promesa ahora dada.

Este conflicto se remonta a 2017 cuando, como complemento al cambio en la gestión del IVA para aplicar el suministro inmediato de información (SII), se amplió el plazo de presentación del impuesto. Esto supuso que, a partir de entonces, el pago de diciembre no se realizara hasta enero del año siguiente, lo que en la práctica derivó en que el ejercicio 2017 solo contara con la recaudación de 11 meses en lugar de 12. Las comunidades autónomas no sufrieron el efecto en 2017, porque ya habían cobrado sus entregas a cuenta completas, sino en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017 y, como habían recibido a cuenta una cantidad mayor de la efectivamente recibida, esto les perjudicó en términos de déficit.

En cualquier caso, con 3.000 millones o sin ellos, las comunidades autónomas disfrutarán de una financiación récord el año que viene, para seguir compensando de esa forma la escabechina que el coronavirus ha hecho en sus cuentas. Montero informó a los consejeros que el importe de las entregas a cuenta que recibirán el próximo año del sistema de financiación autonómica alcanzará los 112.213 millones de euros, la mayor cifra de la serie histórica. Esta cantidad supone un aumento del 6,3 % respecto a la cifra del presente ejercicio.

Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid serán las que más recibirán del total de estas entregas a cuenta para el próximo año 2022. En concreto, Cataluña se llevará 21.057 millones de euros; Andalucía, 20.943 millones y Madrid, 15.755 millones. Tras estas, se sitúan la Comunidad Valenciana (10.270 millones); Galicia (8.080); Castilla y León (6.936); Castilla-La Mancha (5.333); Canarias (5.047); Aragón (3.860); Extremadura (3.315); Murcia (3.412); Asturias (2.924 millones); Baleares (2.148); Cantabria (1.987); La Rioja (1.071); Ceuta (42) y Melilla (34 millones de euros), informa Ep.

Asimismo, el Gobierno hará una transferencia a las comunidades autónomas por importe de unos 3.900 millones de euros para compensar los fondos de más que recibieron a cuenta en 2020 y que tienen que devolver en aplicación de la normativa vigente.

Polémica con el Fondo Covid

Montero también ha comunicado a las comunidades autónomas el reparto de los 13.486 millones de euros adicionales que se incluyeron en los Presupuestos de 2021, el llamado Fondo Covid. El dinero se distribuirá por el criterio de población ajustada, la opción que eligieron la mayoría de comunidades autónomas, y la mayor parte del desembolso se realizará en septiembre (70%) y el resto (30%) en noviembre, según ha detallado la ministra.

No obstante, esto ha provocado algunas quejas, sobre todo por parte de la Comunidad de Madrid, que es la gran perjudicada por este criterio de reparto junto con Cataluña. Madrid abogaba por un reparto en función del PIB –«como se dijo cuando se creó este fondo»–, con el que hubiese contado con 700 millones extra. «Sabemos que nunca hemos podido contar con la más mínima ayuda por parte del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez», dijo Lasquetty.

Por otra parte, Montero, espera presentar al conjunto de las comunidades las conclusiones respecto a los criterios para la reforma del modelo de financiación autonómica antes de que finalice 2021. En este sentido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrará una reunión monográfica sobre el tema a propuesta de la Comunidad Valenciana.