Cataluña perderá 25.500 millones y 365.000 empleos tras fracasar la ampliación del aeropuerto de El Prat

El Gobierno calculaba un aumento de dos puntos del PIB regional con la ampliación, ahora paralizada. Vecinos, organizaciones medioambientales, agricultores, ecologistas y el propio socio del Gobierno, Podemos, se oponen

Aviones en el Aeropuerto de El Prat
Aviones en el Aeropuerto de El Prat

Un buena parte del crecimiento económico a medio plazo del PIB catalán pasa por las inversiones del Estado que ha pactado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el Gobierno de la Generalitat. Y de entre ellas, la que estaba llamada a decidir una buena parte del aumento del PIB regional era la ampliación del aeropuerto de El Prat. Pero todo ha quedado, como se sabía que podía ocurrir, en un proyecto fallido al no haber logrados los defensores del proyecto convencer a sus detractores de que su apuesta, además de económica, es también medioambiental. En juego estarían los dos puntos del PIB regional anunciados por Sánchez de beneficio anual por esta infraestructura, 21.000 millones en gasto de turistas y hasta 365.000 empleos.

Las cuentas son claras para el Ejecutivo central, el catalán, Aena y las principales patronales que defienden este proyecto: 1.700 millones de euros de inversión de los Presupuestos del Estado, que podrían crear 83.000 empleos directos y 282.000 indirectos, lo que sumarían los citados 365.000 nuevos puestos totales. Y si la estimación del presidente era acertada esos dos puntos en el crecimiento de la comunidad catalana se traducirían en casi 4.500 millones de euros, los que irían del peso que tiene el aeropuerto barcelonés en el PIB catalán, en torno al 6,8%, a la estimación de crecimiento realizada por parte del Gobierno, hasta el 8,9%, todo sobre datos actualizados el pasado año.

Ampliación aeropuerto El Prat
Ampliación aeropuerto El Prat FOTO: Teresa Gallardo | T. Nieto

A estos habría que añadir los ingresos generados por el aumento de visitantes de la región. El turismo representaba en 2019, el último año con estadísticas no marcadas por la pandemia, en torno al 12% del PIB de la región. Si Aena calcula que el desarrollo de una tercera pista supondría un incremento de 20 millones de pasajeros y en 2019 llegaron 19,3 millones de turistas extranjeros, con un gasto de 21.000 millones, significaría que se duplicarían estos ingresos y la región podría perder, según esta previsión, más de 25.500 millones si se mantuvieran los ingresos por turista, se cumplieran los pronósticos de Aena y se sumaran los 4.500 del PIB la propia infraestructura.

Pero no ha podido ser (al menos por el momento). Enfrente tenían un hueso duro de roer: vecinos, organizaciones medioambientales, agricultores, ecologistas y el propio socio del Gobierno, Podemos, habían anunciado que plantearían batalla para que el proyecto respetase al 100% la legalidad vigente o no se aprobaría. Denunciaban el previsible aumento del ruido, de las emisiones y la amenaza que supone para el ecosistema del delta del Llobregat y el espacio natural protegido de La Ricarda, que pertenece a la red europea Natura 2000.

A ERC, al frente del Gobierno catalán, le pilla ahora en el otro lado y defienden que lo prioritario era cerrar los 1.700 millones de inversión y que luego se definirían los términos, pero ni aún así, puesto que el Gobierno central ha decidido paralizar la inversión ante la falta de apoyo y sintonía del Govern. Los argumentos no han convencido ni a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni a sus socios de la CUP en la Generalitat, que ya le advirtieron que la economía «no pasará por encima» del medio ambiente.

Pero, ¿están dispuestos la alcaldesa, Podemos, los movimientos vecinales, la CUP y los ecologistas a dar la espalda a un proyecto social y económico tan importante y perder esta inversión? Pues parece ser que sí. Colau ha dejado claro que este proyecto «es una muy buena oportunidad para demostrar si se está al lado de la ciencia y se apuesta de verdad por una transición verde o se practica el negacionismo, con terribles consecuencias». En la misma línea, o incluso un paso más allá, Podemos ha amenazado directamente con la «paralización de todos los nuevos proyectos que supongan la construcción de infraestructuras que vayan en la dirección de aumentar la movilidad, las emisiones y la contaminación». En el aire dejan 25.500 millones, 365.000 empleos y buena parte del PIB regional. Y, de momento, se han salido con la suya.