Los españoles pagan los costes políticos de 20 años de batallas por la luz

Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. El recibo de la luz es un Frankenstein resultado de 20 años de disputas políticas y una cuestionable planificación energética. A lo largo de dos décadas, los gobiernos de distintos colores se han dedicado a maquillar, desmontar y reconstruir un sistema que nacía con respiración asistida. Ahora, en plena ola de calor y con el precio mayorista de la luz batiendo récords consecutivos, los ciudadanos no solo asumen en su factura el aumento del precio del gas con el que se genera la electricidad y el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, sino que también cargan con los costes políticos de estas reformas, que suponen un 50% del recibo.

El actual Gobierno de Pedro Sánchez no cumple con las promesas de bajar la luz que hacía cuando estaba en la oposición y, al igual que han hecho otros líderes políticos españoles, se dedica a culpar a Ejecutivos anteriores de la chapuza del recibo eléctrico En concreto, pone en el foco a José María Aznar, pero lo cierto es que ni socialistas ni populares están libres de pecado para lanzar la primera piedra.

Con la Ley del Sector Eléctrico de 1997 comenzó la transición hacia un sistema liberalizado de competencia y adaptación al mercado único europeo. El inicio de los desaguisados podría situarse en el año 2000 con el nacimiento del déficit de tarifa, obra de Rodrigo Rato en su etapa de vicepresidente económico con José María Aznar. El Real Decreto 1432/2002 estableció entonces que la tarifa eléctrica nunca podía subir más que el IPC, pese que los costes de generación fuesen mayores. Este sistema de déficit tenía la intención de ayudar al cumplimiento de los objetivos de inflación requeridos para la entrada de España en el euro. Pero como el déficit superó por primera vez los 1.000 millones de euros en 2002, a Aznar no le quedó otra que subir la luz un 1,5% en 2003 y en 2004.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha responsabilizado recientemente al PP «de lo que está pasando hoy» en relación a la tarifa eléctrica actual y ha afirmado que «el paso del señor Rajoy y del señor Aznar por La Moncloa fue nefasto para la política energética» porque «se cargaron el impulso de las energías alternativas» de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese impulso basado en las primas a las renovables ocasionó un crecimiento exponencial de los costes del sistema. De hecho, el agujero de déficit comenzó su ascenso descontrolado en 2005, cuando se contabilizaron números rojos en el sistema de 4.500 millones de euros. Mientras que en 2003 este déficit apenas era de 1.000 millones y ya estaba financiado, en 2011 alcanzó los 26.000 millones.

«Más de dos tercios de las cantidades de déficit de tarifa se generaron con modelos socialistas, por lo que es una tontería que se echen la culpa de unos a otros cuando los dos siguieron una política de no trasladar al consumidor determinados costes», argumenta Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners, en declaraciones a LA RAZÓN.

«Precisamente uno de los objetivos de la reforma de 2013 fue no generar aumento de subvenciones que encarecían la factura de la luz. Es verdad que cuando Pedro Sánchez ha llegado al Gobierno es justo en el momento en el que las tecnologías renovables han tenido unos costes de inversión que las hacían relativamente competitivas. Tiene sentido apostar por ellas ahora, lo que nunca tuvo sentido fue apostar por energías caras ni con Rajoy, ni con Zapatero, ni con Aznar», apunta en este sentido Mielgo.

En 2013, el déficit de tarifa tocó su máximo con 28.700 millones acumulados y Mariano Rajoy tuvo que atajar el problema de raíz para asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico. «El déficit acumulado era de la misma magnitud que la facturación anual del sector. No tenía ni pies ni cabeza, por lo tanto era necesario hacer una reforma», explica Mielgo. «Cuando se toma la decisión de hacer la reforma de 2013, las primas renovables pagadas y comprometidas a futuro a las que los generadores de renovables tenían derecho durante los 15 o 20 años superaban los 100.000 millones. Eso era insostenible», añade el presidente de NGC Partners. Para reducir este endeudamiento, la reforma de 2013 abrió varios frentes. Por un lado, al usuario se le subió un 3,2% el recibo, aumentando los peajes de acceso (la parte regulada de la tarifa, que supone casi el 50% de la factura) un 6,5%, con el objetivo de recaudar 900 millones. Otros 900 millones los aportaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se encargaron de asumir los costes extrapeninsulares de la luz a los archipiélagos, Ceuta y Melilla.

En el marco de esta normativa, Industria también aprobó un recorte de 2.700 millones de euros que se repartió entre las empresas eléctricas tradicionales y las que generaban energía renovable. A las primeras, se les recortaron los pagos por la distribución de la luz y por gestionar las redes de transporte, con lo que se logró recaudar más de 1.000 millones de euros. Por otro lado, el recorte a las empresas renovables se articuló suprimiendo las elevadas primas de Zapatero y estableciendo un nuevo marco que fijaba una «rentabilidad razonable» del 7,5% basada en los bonos del Tesoro, lo que suponía ahorrar unos 1.500 millones.

En 2018, Rajoy tumbó temporalmente uno de los pilares de sus reforma. Para combatir la subida del precio de la luz, paralizó el impuesto del 7% que se aplica a todas las centrales por la generación eléctrica desde 2012 y que recaudaba unos 1.700 millones al año. Un coste que de manera indirecta también lo acaba pagando el consumidor y que, tras recuperarse en 2019, ha vuelto a quedar paralizado este verano por el alza de la luz.

Conflictos judiciales por la reforma de Rajoy

Todas estas reformas han dado lugar a la siguiente estructura del recibo eléctrico: el coste de la energía, antes de la subida del precio del gas, era de un 35%. Dado que el transporte y la distribución de electricidad representan en torno al 15%, se puede decir que las actividades estrictamente necesarias para el suministro eléctrico (generación y distribución) sólo explican el 50% de la factura. El otro 50% se reparte entre impuestos (algo más del 20% del total, entre el IVA y el impuesto a la electricidad) y entre los sobrecostes vinculados a la política energética: la subvención a las energías renovables (18%), la subvención al sobrecoste del transporte eléctrico en Baleares y Canarias (4%), la amortización de los déficits de tarifa históricos (3%) y otro porcentaje de ayudas (5%). Es decir, la mitad de la factura son costes políticos claves para bajar su coste.

Sin embargo, la izquierda culpa a las eléctricas de unos incrementos del mercado que no pueden controlar y propone como medida estrella para bajar el precio de la luz la creación de una empresa pública de energía. A base de insistir e insistir, Podemos ha conseguido que los socialistas barajen esta opción como viable cuando concluyan las concesiones hidroeléctricas actuales del país, pese a que la experiencia de otros países deja mucho que desear. «Mi experiencia de muchos años observando empresas públicas y privadas me dice que una empresa pública, por definición, es menos eficiente que una privada. En los países en los que las empresas públicas se han creado con la misma idea que la de Podemos, que es subvencionar la electricidad y reducir los costes del consumidores, se ha generado un coste embalsado en esas empresas que las ha hecho absolutamente inviables, luego ha habido que privatizarlas de mala manera perdiendo valor y haciendo más daño a los consumidores del que se les causa dejando que funcione el mercado», explica Pedro Mielgo.

La reducción del precio de la luz está en manos del Gobierno, pero para que sea efectiva debe pasar por trasladar a los Presupuestos los costes políticos que engrosan el recibo de la luz. «Puede sacar a los Presupuestos del Estado costes como la retribución de los sistemas extrapeninsulares, puede eliminar el impuesto especial de la electricidad que es un 5%, puede reducir el IVA del 21% al 10% o al 4% y puede eliminar la tasa del 7% de la generación eléctrica. Quien realmente tiene la clave del coste final de la luz es el Gobierno, otra cosa es que políticamente no interese o no sea oportuno recargar los presupuestos o reducir ingresos fiscales», concluye el experto en energía. Sin embargo, Sánchez ha decidido seguir el camino de sus antecesores y poner parches –como rebajar el IVA de la luz de 21% al 10% hasta final de año, suprimir el impuesto de generación durante el verano y la nueva estructura de la factura eléctrica para los usuarios de PVPC– con los que sellar temporalmente las profundas grietas del sistema.