Ocho meses después, la Ley de Vivienda sigue atascada

Ocho meses después de arrancar, las negociaciones entre PSOE y Podemos para alumbrar la primera Ley de Vivienda española siguen sin dar sus frutos. Y no lo han dado porque los socios de la coalición de Gobierno son incapaces de ponerse de acuerdo en el punto más polémico de la nueva norma: la regulación de las rentas del alquiler en aquellas zonas con los precios tensionados.

A pesar de los efectos negativos que topar los precios ha tenido en ciudades como Belín o está empezando a tener en Barcelona, en Podemos tienen claro que la única alternativa viable es el modelo catalán. Esto implicaría que cada comunidad autónoma pueda crear un índice de precios, o acogerse al del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y que los precios en las zonas tensionadas no puedan superar ni el del contrato anterior ni el marcado por el índice de precios.

Cesión insuficiente

Aunque en un principio desde el Mitma se opusieron frontalmente a cualquier tipo de intervención de precios por considerar que podría repercutir en la oferta y no ser del todo legal, la última propuesta, todavía con José Luis Ábalos al frente, ha abierto la mano a establecer topes. Así, el Mitma ofreció congelar las rentas durante tres años en las zonas declaradas tensionadas, en caso de renovación de contratos. Además, también apuesta por limitar al 10% el incremento del precio del último contrato para los inquilinos nuevos.

A pesar de esta concesión hecha por los socialistas antes de verano, Podemos sigue empeñada en una intervención más agresiva del mercado. Y ese es el principal punto que ambas partes tendrán que abordar en las reuniones que, según fuentes del Mitma, van a volver a mantener próximamente en el marco de las negociaciones que mantienen para desbloquear la aprobación de la ley.

El control de precios del alquiler es el gran y parece que único escollo que separa a ambos partidos, que están de acuerdo en otras cuestiones como los desahucios, las viviendas vacías o la promoción de vivienda protegida en alquiler. PSOE y Podemos han acordado instaurar por ley la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional, medida que incluso se barajó adelantar a la ley en un decreto-ley independiente que, finalmente, no se aprobó. También coinciden en recargar con un 50% el IBI de las viviendas que permanezcan vacías durante dos años si el propietario tiene cuatro como mínimo y en que el 50% de las viviendas protegidas nuevas sean de alquiler.