La megaestafa española de las criptomonedas

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal tomará declaración por segunda vez el viernes 17 de septiembre al bróker Javier Biosca, imputado por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas que podría superar los 280 millones de euros. En una providencia fechada el pasado lunes y a la que ha tenido acceso Efe, Abascal convoca a Biosca para dar cumplimiento a la diligencia inicialmente prevista para el 5 de agosto, que fue suspendida.

Biosca está en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 8 de junio, acusado de supuesta estafa continuada, apropiación indebida y falsedad de documento público a través de la empresa Algorithms Group.

La sociedad ofrecía servicios de inversión en criptomonedas sin contar con la autorización de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursátil) carencia que servía para que Biosca eludiera las obligaciones que debía de cumplir esa entidad en su actividad diaria, tales como el deber general de información.

Algorithms se limitaba a captar clientes, que debían entregarle cantidades de dinero a cambio de rentabilidades del 20 o del 25% semanal, y a partir de los primeros meses de 2020 comenzó a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores, situación que culminó en octubre cuando dejó de abonar las cantidades prometidas.

Hasta el momento, se trataría del mayor presunto fraude por volumen en España relacionado con las criptomonedas, ya que esta empresa radicada en Londres podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores, sostiene la querella presentada por Zaballos Abogados. En su primera declaración ante el juez, Biosca negó que su intención fuera estafar a nadie y achacó la suspensión de los reembolsos al bloqueo de los bancos a los cambios de criptomonedas a moneda de curso legal. Asimismo, desvinculó de los hechos investigados a su mujer, Paloma Galardo, y al hijo de ambos, Sergio, a los cuales se les ha retirado el pasaporte.

La abogada Emilia Zaballos, que representa a más de 500 afectados por la presunta estafa y ha promovido la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, ha pedido al juez que vuelva a interrogar a Paloma Gallardo y se decrete su entrada en prisión, por el riesgo que existe de destrucción de pruebas, entorpecimiento de la acción de la justicia o eludir la acción de la misma.