El plazo para pedir rescates a la Sepi se ampliará más allá del 31 de diciembre

Las empresas que estén en apuros y todavía no hayan recurrido al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI tendrán seguramente más plazo del que pensaban para solicitar un rescate. Aunque el plazo para pedir estas ayudas vence el 31 de diciembre, la Comisión Europea está consultando a los países de la Unión Europea la posibilidad de ampliar el horizonte temporal para presentar las solicitudes y en el Gobierno dan por hecho que los países darán luz verde a esta prórroga.

Hasta el momento, la Comisión ha concedido cinco prórrogas, la última en junio, a las fechas para solicitar ayuda. Y desde el Ejecutivo se da por hecho que habrá una sexta porque, según argumentan, «sería ventajoso para todo el mundo». Si las empresas pueden solicitar un rescate el año próximo, podrán beneficiarse compañías a las que el coronavirus ha impactado en sus cuentas de este ejercicio, en el que la crisis de la Covid-19 ha seguido todavía muy presente.

En el caso español, los rescates se han vuelto a poner en marcha este mismo mes, con la ayuda de 25 millones de euros concedida la semana pasada a la empresa metalúrgica Rugui Steel. No obstante, y tras esta ayuda, la SEPI apenas ha concedido soporte por valor de 1.116 millones de euros cuando el fondo, que comenzó a operar hace ya más de un año, está dotado con 10.000 millones de euros. Air Europa (475 millones) Ávoris-Halcón Viajes (320 millones), Duro Felguera (120 millones), Plus Ultra (53 millones) y Tubos Reunidos (112 millones) fueron las compañías rescatadas antes que Rugi Steel. Pendientes quedan más de medio centenar, algunos del calibre de Celsa (700 millones) o Abengoa (249).

Esfuerzo adicional

Pese a la lentitud, que muchos achacan al polémico rescate de Plus Ultra, desde la SEPI se asegura que en los últimos meses se ha fortalecido su organización para responder «a las exigencias derivadas de la cantidad y complejidad de las operaciones en curso». Fuentes de la sociedad aseguran que han ampliado sus medios humanos y materiales para la resolución de expedientes con la contratación de personal interino, en concreto 29 titulados superiores que comenzaron a prestar sus servicios hace nueve meses, así como de profesionales de firmas de asesoría externa que analizan y evalúan de forma independiente la viabilidad financiera y jurídica de cada una de las operaciones planteadas. Los asesores externos son contratados para cada solicitud de apoyo financiero que recibe el Fondo en el ámbito de un contrato marco del que forman parte desde marzo pasado 40 despachos y consultoras previamente seleccionados con este propósito.

Desde la compañía pública insisten en que cada uno de los rescates es de una gran complejidad. El estudio de las operaciones se inicia a petición de la empresa, que debe presentar en su solicitud una amplia información sobre su actividad económica y el sector al que pertenece, el impacto sufrido por la pandemia y el plan de viabilidad para superarla, incluyendo el apoyo financiero público temporal requerido para alcanzar su viabilidad estableciendo la forma y la fecha de devolución de dichos fondos. A partir de esta información, SEPI analiza toda la documentación enviada para determinar en una fase preliminar si la información es suficiente o se requiere la subsanación por parte de la empresa para ampliar aspectos concretos requeridos para el análisis.

Análisis independiente

Con posterioridad, se contrata dos asesores independientes, uno financiero y otro jurídico, a través de una licitación pública, para estudiar si se cumplen los criterios de elegibilidad contemplados en la normativa, además de analizar la situación precovid de la empresa, el impacto de la pandemia y la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad. El análisis requiere estudiar el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados. Este análisis incluye también las perspectivas de la empresa solicitante de la ayuda y las que envuelven al ámbito de actividad en que se desenvuelve, su impacto económico y social tanto regional como nacional, su importancia para la economía, sus riesgos medioambientales y su plan de transición ecológica, todo ello de acuerdo con la regulación del Fondo, con miras a verificar la concurrencia de todos los requisitos de elegibilidad que llevan a conceder o denegar el apoyo financiero solicitado.

Para concluir, la sociedad debe elaborar todos los informes preceptivos y los contratos del apoyo financiero público temporal, estableciendo las condiciones de la financiación y los compromisos asumidos por la empresa, antes de elevar la propuesta de resolución al Consejo Gestor que, en caso de ser estimada, la eleva al Consejo de Ministros para su autorización.