La negociación de las pensiones, reforma laboral y ERTE, en problemas por el SMI

«No ha sido una buena idea aprobar una medida de este calado sin contar con una de las partes implicadas, la más importante en este caso, que son los que deben asumirla. Subir el SMI ha sido una decisión puramente política, nada más, y va a traer graves consecuencias al diálogo social». Son las palabras premonitorias de fuentes empresariales, que advierten que, «a partir de ahora», las negociaciones «no van a ser un camino de rosas, aunque nosotros siempre estamos abiertos a negociar».

El Gobierno se defiende asegurando que el incremento podría haber sido menor de haberse sumado los empresarios. Cierto es que durante la última fase de la negociación se estuvo barajando incluso dejar la subida en torno a 10 euros, pero la negativa desde la CEOE de cualquier incremento derivó en una vuelta a la primera opción, y hacerlo en 15 euros. «A veces no negociando se pierde, no sé si hablo claro, esta ministra estaba dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que tenemos», confirmó ayer la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La respuesta por parte de la patronal fue inmediata y clara. «Nosotros siempre estamos abiertos a la negociación, pero no a que se imponga desde el principio que va a haber subida sí o sí. Eso tampoco es negociar. El Gobierno puede tener su postura, pero nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo con el Gobierno». Las mismas fuentes también han negado que hayan recibido presiones externas. «Siempre se reciben llamadas, pero nosotros seguimos siempre el camino de la defensa de los mejores intereses de los empresarios».

El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hizo ayer un llamamiento «a la prudencia» ante la subida y aseguró que tendrá «efectos secundarios. Sabemos que incrementos moderados en el SMI generan efectos negativos moderados en el empleo, pero que pueden ser más elevados en colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años», precisamente los que el Gobierno ha querido proteger.

Pero esta subida del SMI ha tenido otras consecuencias más políticas, en clave interna entre los socios de Gobierno. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, intentó parar la subida para dar tiempo a que los empresarios se subieran al carro y con el objetivo que se limitase al último trimestre, es decir con vigencia desde octubre. No logró ni una cosa ni otra, y ha salido trastocada de un enfrentamiento en el que Moncloa decidió dar la razón a la titular de Trabajo.

Fuentes económicas del Gobierno han advertido ya a Díaz y al propio presidente, Pedro Sánchez, de que se presenta un camino largo y duro para sacar adelante acuerdos primordiales para el futuro económico del país: la reforma laboral, las pensiones y los ERTE. «Díaz no ha calibrado bien lo que ha hecho y puede costarle muy caro. Calviño ha dejado hacer». Fuentes gubernamentales dixit.