El Gobierno sube un 30% el salario mínimo pero congela las cuantías de los contratos públicos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales CC OO y UGT alcanzaron la semana pasada un acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el último cuatrimestre de 2021. La subida acordada, por un importe de 15 euros mensuales –del 1,57%– se aplicará desde el 1 de septiembre, obviando las recomendaciones hechas por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que pidió circunscribirlo al último trimestre. El SMI se situará por tanto en los 32,16 euros diarios o 965 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Pero este acuerdo se ha llevado a cabo con las reticencias del Ministerio de Calviño y el no rotundo de la patronal, que defendió desde un primer momento que con los actuales indicadores económicos no era posible hacerlo.

Con este último incremento, el salario mínimo habrá aumentado en los últimos tres años un 30%, lo que significa 215 euros. El objetivo del Ejecutivo es su progresiva revisión para que alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, en 2023, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España, hasta un máximo de 1.049 euros mensuales.

Sin embargo, este espectacular aumento del SMI no ha venido acompañado de un incremento similar de las cuantías de las contrataciones de las Administraciones públicas, de sus empresas y de sus organismos oficiales, que continúan congelados y sin actualizaciones al menos desde 2018, y en algunos casos hay que remontarse más años atrás.

Desde la asociación de autónomos ATA han vuelto a reclamar al Ejecutivo que las Administraciones indexen la subida del SMI a los contratos públicos, tanto para los trabajadores por cuenta propia como para las pymes, que se ven igualmente afectadas. Decenas de miles de autónomos que tienen contratos con multitud de ayuntamientos y demás administraciones públicas prestan sus servicios de limpieza, recogida de residuos, jardinería, cuidado y dependencia o mantenimiento, entre otras, con las mismas condiciones en los contratos de prestación de servicios que antes de la subida, por lo que han sido ellos y no las instituciones públicas los que han tenido que asumir este incremento sobre los trabajadores que tienen contratados.

«Es muy fácil disparar con pólvora ajena, tomar decisiones de subidas unilaterales de los salarios de los trabajadores pero no aplicarse el cuento de esta subida», denunció el presidente de ATA, Lorenzo Amor. «La cuesta de septiembre se está convirtiendo en un puerto de categoría especial para los autónomos con la subida de la luz, gas, carburantes y otras energías, subidas de costes laborales y SMI, subida de cuota… Desgraciadamente en enero, en tres meses, volveremos a otra subida».

Por este motivo, desde la CEOE advierten que esta será una de las exigencias en la próxima negociación del SMI, que se iniciará el próximo año. Su objetivo será que se reforme la Ley de Desindexación de la Economía Española y que la subida del salario mínimo obligue a la revisión al alza de las cuantías de las contratas públicas, no como ocurre en la actualidad, que el incremento de estos costes salariales no conlleva una revisión y deben ser asumidos por los contratados.

Por tanto, ahora mismo, el aumento del SMI del 30% es asimilado por las pymes y los autónomos que prestan sus servicio a las Administraciones Públicas, sin que entes, organismos y administraciones noten el incremento, ni siquiera en los casos en los que se prorroga la licitación. No es posible ni en esos casos que puedan modificarse los términos del contrato por una elevación de los costes laborales.

Esta subida de 15 euros afectará también a las cuotas de los autónomos, que subirán probablemente ya en octubre entre 3 y 12 euros. El real decreto 2/2021 paralizó la subida de tipos prevista para 2021 mientras no subiera el SMI, pero su aprobación anula la disposición transitoria cuarta de dicho real decreto y pone en marcha la actualización de los tipos de las cotizaciones a la Seguridad Social, que pasarán de un 30,3% de la base de cotización por la que cotiza cada uno de los autónomos a un 30,6%.