El Gobierno transmite a los sindicatos que no segregará Renfe y Adif para entregárselos a Cataluña

Asegura que lo único que se ha puesto encima de la mesa es la transferencia del presupuesto de Rodalíes

Un tren del servicio de Rodalies de Renfe
Un tren del servicio de Rodalies de Renfe EFE

El Gobierno no va a poner encima de la mesa la transferencia de medios materiales y humanos a la Generalitat de Cataluña en el marco de la negociación sobre el servicio de Cercanías de esta comunidad autónoma, Rodalíes. Así se lo transmitió al menos la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, a los sindicatos en una reunión mantenida hoy sobre la cuestión y a la que también han asistido el presidente de Renfe, Isaías Táboas; y la de Adif, María Luisa Domínguez.

En las últimas semanas, había cundido cierto desasosiego e incertidumbre entre las trabajadoras y trabajadores de Adif y Renfe ante la posibilidad de que el Gobierno y la Generalitat tuvieran en cartera acordar las transferencias de personal, trenes, estaciones e infraestructuras en las conversaciones sobre el servicio de Rodalíes. Sin embargo, tanto CC OO como el Semaf explicaron que lo único que se ha puesto encima de la mesa de negociación es la transferencia del presupuesto que posibilita la regularización de la situación contemplada en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que permite a la Generalitat establecer un Contrato Programa con Renfe Viajeros para que preste los servicios de Rodalies, ya que si no se formaliza ese Contrato Programa, Renfe no puede sustentar la inversión que va a realizar en material rodante para modernizar los trenes dedicados a las Cercanías de Cataluña.

Doble financiación

En la actualidad, el servicio de Rodalíes se financia por una doble vía, mediante una transferencia directa por parte del Estado a Renfe y otra que la administración central entrega a la Generalitat de Cataluña para que el Ejecutivo autonómico pague a su vez a la operadora. No obstante, como recuerdan fuentes del Semaf, el Gobierno catalán tiene pendientes de entregar 80 millones de euros a Renfe por este concepto -que están reclamados en los tribunales- por la «deuda histórica» que, a su juicio, mantiene el Estado con Cataluña, motivo por el que no habrían ejecutado el citado pago.

Lo que ahora se va a abordar según el Gobierno es cómo articular este sistema de financiación para que no haya este tipo de problemas. El Gobierno catalán no ha escondido de todos modos sus deseos de asumir las competencias completas del servicio, incluyendo personal y material rodante. Un extremo al que el Ejecutivo central se opondría, según lo transmitido a los sindicatos. Dicho paso supondría de facto la segregación del Renfe y Adif en dos compañías, algo que se enfrenta a la frontal oposición de los sindicatos.

Aunque la reunión de ayer debería haber servido para tranquilizar a los representantes de los trabajadores, algunos, como los del sindicato de maquinistas Semaf no salieron del todo contentos de la reunión. Fuentes de esta organización aseguran que esperaban un compromiso mayor del ministerio. «Lo único que nos expusieron es su compromiso de que sólo negociarán la transferencia financiera y no la de activos. Pero es sólo eso, una intención, y ya veremos qué sale de la negociación», advierten.

Desde CC OO aseguraron que «creemos que la solución no está en la segregación del operador y el administrador de infraestructuras públicos estatales, sino en la creación de empleo capaz de cubrir las necesidades de personal y en un cambio radical en el modelo inversor que se ha venido desarrollando hasta ahora, poniendo como prioridad el ferrocarril que cohesiona el territorio y que garantiza el derecho a la movilidad de toda la ciudadanía para las necesidades diarias».