Los jóvenes ya no quieren ser funcionarios

Un millón de empleados públicos se jubilará en la próxima década y menos del 2% de los trabajadores del Estado tiene menos de 25 años

Protesta de funcionarios frente al Ministerio de Sanidad
Protesta de funcionarios frente al Ministerio de SanidadCONNIE G. SANTOS LA RAZON

El envejecimiento generalizado de la fuerza laboral comienza a ser un problema para los países más desarrollados y, en particular, para España y su sector público, donde la media de edad de sus empleados es mayor que en el sector privado. Entre 2015 y 2020 el número de trabajadores de 55 años o más ha pasado de representar el 25% al 26% en toda la OCDE. Sin embargo, en España la brecha se ha ampliado 11 puntos, al pasar del 35% al 46%, muy próximo al récord de Italia (47%).

El peso del empleo público en España en 2019 -el último año que toma como referencia la OCDE en su último informe “Government at a Glance 2021″- fue del 15,58%, dos puntos por encima del que presentaba en 2007 ―en el que se inicia la serie―; mientras que el de la media de los países de la OCDE se situó en el 17,91%. Los datos más actualizados del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas recogen 2.710.405 trabajadores en el sector público a enero de 2021.

La franja de edad con mayor número de todos los empleados públicos en España fue la comprendida entre los 55 y los 59 años, con 566.700 trabajadores. Sin embargo, extendiendo ese rango entre los 45 y los 64 años, el volumen se disparó hasta sumar 1.472.000 empleados, que representan el 43,3% del total de la plantilla. En el otro extremo, tan solo el 1,8% tiene menos de 25 años.

La situación más extrema se da entre los empleados de la Administración General del Estado. Según el Boletín del personal al servicio de las administraciones públicas de enero de 2021, el 44,16% de sus empleados tiene entre 50 y 59 años, un 17,65% tiene entre 60 y 64 años y un 2,75%, más de 64 años. Poco más del 35% tiene menos de 50 años. Peor aún es la situación en los organismos autónomos (gerencias, institutos, consejos, mutuas y centros) donde el 73% del personal tiene 50 años o más. En total, en la AGE solo el 9,51% tiene menos de 40 años y los menores de 30 años representan un desolador 1,11%.

Retiros sin reemplazo

En los próximos 10 años, el 51% de los funcionarios se jubilará, incluidos los de las comunidades autónomas, lo que da una idea de la necesidad de captar talento y reforzar las estructuras del Estado. Las Administraciones Públicas perderán en los próximos cinco años 330.800 funcionarios por jubilación y, a lo largo de la próxima década, la previsión es que 905.100 alcancen la edad de retiro, lo que supone el 30% de la plantilla actual. Las cifras recogidas por un estudio de Adams Formación a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que la sangría de empleados públicos se elevará hasta 1,41 millones en los próximos 15 años, el 44% del total de empleados públicos.

Buena parte de estos jubilados proceden de los años 80 y 90, cuando se incorporaron a la Administración muchos miles de personas jóvenes por el desarrollo del estado de las autonomías y la mejora del bienestar social en España. La contratación de personal interino para cubrir puestos estructurales ha limitado aún más las opciones de acceder a un empleo público. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado en numerosas ocasiones el abuso de la interinidad en las administraciones públicas, que asciende a una tasa del 28,2%, dos puntos por encima del sector privado (25,9%). El informe señala que prácticamente uno de cada cuatro asalariados del sector público es temporal. Esta proporción se dispara a medida que se reduce la edad. Solo 7.000 (0,2%) tienen menos de 20 años, en cuyo caso, la temporalidad asciende al 99,77%. En este sentido, y teniendo en cuenta la avalancha de jubilaciones, CSIF reclamó, con motivo de las oposiciones convocadas para la Administración del Estado, un plan de recursos humanos a medio plazo para reforzar las plantillas.

Actualmente, la edad media de incorporación al servicio público en la Administración General del Estado en de 35 años (en 2016 era de 33 años), mientras en el sector privado es de 26 años. Así, entre los ocupados menores de 30 años, hay un empleado público por cada 10 del sector privado, mientras que entre los ocupados de 50 o más años hay un empleado público por cada 3,4 del sector privado. Según el estudio, la Administración de la Seguridad Social se lleva el galardón a la plantilla más envejecida, ya que el 76% de sus empleados (19.800 trabajadores) tiene 50 o más años. En la Administración Central, más del 40% de sus 542.200 efectivos ya ha alcanzado o superado los 50 años de edad. En cuanto a las comunidades autónomas medio millón de sus empleados se habrán jubilado en 10 años, el 29% del total de la plantilla, y 172.000 en Ayuntamientos y otros entes locales, el 26% del personal actual. Respecto a las empresas e instituciones públicas, en 10 años se habrá jubilado un tercio de su plantilla compuesta por los 147.400 efectivos.

El “hazte funcionario” ya no funciona

La solución a este escenario pasa por atraer mejor al talento y a las personas más jóvenes. La clave para Adams Formación es conseguir “que perciban el empleo público como una alternativa profesional”. Lo cierto es que ser funcionario cada vez resulta menos atractivo. Solo el 13% de los españoles preferiría trabajar en el sector público si pudiera elegir, porcentaje ocho puntos inferior al de 2019, según una encuesta recogida en la “Guía Laboral Hays 2020″. La opción preferida para trabajar es la gran empresa multinacional para un 48% de los encuestados, dos puntos más que en 2019. Le siguen las empresas nacionales (14%), el sector público (13%), ser autónomo (13%) y las pymes (12%). El motivo principal es la ambición de tener un recorrido profesional y no estancarse en un funcionariado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha rechazado la oferta de empleo público de 2021 porque es insuficiente para hacer frente a los graves problemas estructurales en la Administración General del Estado. Miguel Borra, presidente de CSIF, considera que las anunciadas 30.455 plazas “genera solamente 2.500 plazas netas” y ha indicado que “sería necesario recuperar al menos los 50.000 puestos de trabajo perdidos los últimos 10 años”.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también ven insuficiente la convocatoria de empleo público para la AEAT a la hora de paliar las bajas por jubilación de los próximos años, pese a que la oferta aprobada este martes por el Consejo de Ministros sea en total un 8,5% superior a la del año pasado. En concreto, los Técnicos de Hacienda alertan de que entre 2021 y 2023, año electoral, se jubilarán 2.017 personas, situación que se agudizará en las dos siguientes legislaturas en las que se jubilarán otros 5.797 y 5.726 empleados, respectivamente. Es decir, en 2031 se habrá jubilado el 54,2% de la plantilla actual de la AEAT.