El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 965 euros y la prórroga de los ERTE

Los nuevos ERTE “formativos” conllevarán exoneraciones del 80 % en las cotizaciones sociales de las empresas que desarrollen planes formativos

(I-D) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
(I-D) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosEUROPA PRESS/A.Ortega.POOL Europa Press

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la subida de 15 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 965 euros mensuales por catorce pagas, que tendrá efectos desde el 1 de septiembre.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida se enmarca en el marco de una recuperación justa. “Subir los salarios no solo forma parte de medidas de protección social, como indica el Banco de España, sino que radica en la convicción firme de eficiencia económica y del buen funcionamiento de la economía en España”, ha remarcado.

Gobierno y sindicatos cerraron hace dos semanas este acuerdo para incrementar el SMI en 15 euros, hasta los 965 euros mensuales en catorce pagas, con efectos desde el 1 de septiembre de este año. La medida se aplica siguiendo la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, que proponía una horquilla para incrementarlo de entre 12 y 19 euros mensuales este año.

Las partes establecieron también el compromiso de que el SMI, mediante su “progresiva revisión” en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.

Del acuerdo quedaron descolgadas las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entienden que no es el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española se encuentra en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.

Pese a ello, Díaz ha agradecido a los agentes sociales su trabajo durante estos meses para dialogar en el entorno de la política de salarios en el país.

Tras la aprobación de esta subida, la vicepresidenta segunda ha adelantado que el diálogo social se pondrá a trabajar con “carácter inmediato” para garantizar el cumplimiento de la senda de incrementos del SMI hasta 2023, que el comité de 12 expertos ha diseñado y publicado recientemente.

Además, Díaz espera, tras las elecciones en Alemania con la victoria de los socialdemócratas, que la directiva europea de salarios mínimos pueda salir adelante, aunque ha admitido que actualmente existen discrepancias sobre todo con los países nórdicos.

La titular de Trabajo ha defendido el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22% en 2019 hasta los 950 euros mensuales.

ERTE hasta febrero

Asimismo, se ha aprobado la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero, con un nuevo esquema de ayudas vinculado a que las empresas impartan formación y un modelo especifico para los afectados por la erupción del volcán de la Palma.

Según ha explicado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante el mes de octubre se mantendrán las condiciones y modalidades actuales de ERTE vinculados a la pandemia para dar a las empresas margen para solicitar un nuevo expediente y preparar los planes de formación.

Escrivá ha detallado que estos nuevos ERTE “formativos” conllevarán exoneraciones del 80 % en las cotizaciones sociales de las empresas que desarrollen planes formativos mientras que para las que no los pongan en marcha bajan al 40 % en el caso de las que tengan más de 10 empleados y al 50 % en las de menos.

Junto a esto, se deja abierta la puerta a que las empresas puedan solicitar un ERTE de impedimento derivados de nuevas restricciones administrativas de la pandemia y se habilitan nuevos ERTE para las empresas de Canarias afectadas por la erupción de La Palma.

Estos ERTE tendrán una exoneración del 90 % en caso de limitación y del 100 % en caso de impedimento.

Escrivá, que ha agradecido a los agentes sociales su “disposición al diálogo y al acuerdo”, ha destacado la importancia que han tenido los ERTE para proteger el empleo en esta crisis.

En el peor momento de la crisis, 3,5 millones de trabajadores llegaron a estar en un ERTE, una cifra que ahora ronda los 270.000.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha explicado que, una vez que las empresas soliciten los nuevos ERTE, las autoridades laborales tendrán 10 días para pronunciarse y operará el silencio administrativo.

Díaz también ha destacado que este nuevo modelo de ERTE supone “transitar” hacia el nuevo modelo estructural en el que trabaja el Gobierno y que confían tener listo para principios de 2022 enmarcado en los cambios de la reforma laboral.

“Los trabajos están muy avanzados”, ha destacado Díaz, que ha avanzado que las empresas deberán cambiarse a estos ERTE estructurales cuando estén aprobados.

Extensión de las ayudas a autónomos

La prórroga de los ERTE lleva de la mano la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 del esquema de protección para trabajadores autónomos, que prácticamente se mantiene sin cambios, salvo en el caso de la prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no pueden acceder a ninguna otra ayuda para este colectivo.

Así, el Gobierno mantiene la prestación extraordinaria por suspensión de actividad derivada de un cierre por decisión administrativa, cuya cuantía continúa en el 70 % de la base mínima, así como la de los trabajadores de temporada con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

También sigue la prestación compatible con la actividad para quienes vean reducidos sus ingresos un 50 %, con un rendimiento neto no superior a 1,2 veces el salario mínimo, por una cuantía del 70 % de la base de cotización.

Sin embargo, dificulta el acceso a la prestación extraordinaria por bajos ingresos, para aquellos que no han podido optar a las anteriores, elevando del 50 % al 75 % la caída de ingresos que deben acreditar y situando en el 75 % del SMI el rendimiento máximo. La cuantía de esta ayuda está fijada en el 50 % de la mase mínima.

De cara a los cuatro próximos meses, el Gobierno exonerará las cotizaciones sociales de este colectivo de manera decreciente: octubre (90 %), noviembre (75 %), diciembre (50 %) y enero (25 %).