Los presupuestos incluyen ya el tajo del 85% al 40% a las bonificaciones fiscales para las empresas de alquiler

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio ya incluye una de las medidas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la futura Ley de Vivienda que pone en el punto de mira a los grandes propietarios. Las cuentas incluyen la reducción de la bonificación fiscal en el impuesto de sociedades para sociedades que se dedican al arrendamiento de vivienda del 85% al 40%, una medida prevista para la norma que abrió el camino para que los socios de gobierno pactaran las cuentas presentadas hoy.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa tras entregar las cuentas en el Congreso de los Diputados que esta medida ya se anunció “cuando hicimos público el acuerdo (de la ley de vivienda) y que se adelanta ya en este presupuesto”.

Las sociedades con diez o más viviendas en cartera serán objeto de intervención en la futura Ley de Vivienda. El pacto entre PSOE y Unidas Podemos contempla la regulación del precio del alquiler para bajar las rentas a las viviendas en manos de grandes propietariosempresariales en zonas de mercado tensionado. Las comunidades autónomas serán las que tengan que solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado, que serán aquellas en las que se aplicará a estos propietarios la regulación de precios, en función de los índices oficiales de referencia.

Para las personas físicas propietarias, y con independencia del número de inmuebles que tengan en alquiler, el pacto contempla que congelen los precios en las áreas tensionadas, según fuentes gubernamentales, aunque si están dispuestas a bajarlos, se les aplicarán bonificaciones fiscales suficientes como para que les salga a cuenta esta rebaja.

Durante la sesión de control de hoy al Gobierno en el Congreso, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegura que la nueva Ley de Vivienda “pondrá freno” a los “negocios y corruptelas” de la derecha en el sector inmobiliario, a la vez que ordenará un mercado que está “asalvajado” con la regulación del precio del alquiler. Junto al recorte de las bonificaciones y la rebaja de precios en zonas tensionadas a los grandes tenedores, Belarra ha recordado que la ley incluirá también un bono de vivienda de 250 euros con el objetivo de ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda en alquiler y a la cláusula para reservar el 30% de nuevas promociones a vivienda protegida, de la cual la mitad se desplegará en alquiler social, así como protección frente a los desahucios.