Unos 15.000 pensionistas exigen la dimisión de Escrivá por querer “privatizar las pensiones”

Entre 10.000 y 15.000 personas llegadas de toda España, según un cálculo de la Policía Nacional (5.000 según la delegación del Gobierno), han pedido hoy en Madrid la dimisión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por querer privatizar las pensiones; en una multitudinaria manifestación convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) y otras organizaciones.

Al término de una marcha que tenía previsto pasar por el Congreso de los Diputados pero por donde no pudieron transitar por coincidir con otra manifestación de militares que terminó en la Puerta del Sol, el portavoz de Coespe, Ramón Franquesa, justificó la petición de dimisión de Escrivá por “ser un zorro puesto a guardar las gallinas” y “un mandado de la banca internacional” que quiere apropiarse de los fondos de las pensiones públicas.

Otro de los portavoces de esa organización, Ciriaco García, relacionó la llegada de dinero de la UE para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia y promover una nueva economía digital y sostenible que supondrá una transferencia de fondos a cargo del aumento de la deuda estatal, con la privatización de los ingresos de las pensiones de la Seguridad Social. Por ello, tanto Franquesa como García y la también portavoz Concha Rivera exigieron que se haga una auditoría de la Seguridad Social, ya que, según denunció esta última, se han desviado en los últimos 20 años alrededor de medio billón de euros de cotizaciones de los trabajadores para cubrir otros gastos distintos de las pensiones.

Pensiones al mínimo

Rivera también puso el ejemplo de lo que puede suceder si existen problemas en un sistema de pensiones privadas, como sucedió en Chile, donde los trabajadores retirados perciben solo una cuarta parte del salario que percibían. García ha leído un manifiesto consensuado con medio centenar de organizaciones convocantes y participantes en el que se ha trasladado a la clase política y a los ciudadanos otras demandas en materia de pensiones, como la subida de su importe por ley y en igual cuantía que el IPC o la supresión del “mecanismo de equidad intergeneracional” -sustituto del “factor de sostenibilidad”-, que supondrá un recorte en la cuantía de las pensiones para los futuros jubilados.

Los manifestantes también ha reclamado el establecimiento de una pensión mínima de 1.084 euros mensuales en línea con la Carta Social Europea. Una medida que defendió Rivera con la finalidad de eliminar la pobreza a que someten los bajos importes de las actuales prestaciones. Además, solicitaron la derogación de las reformas laborales y de pensiones de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Mariano Rajoy (2011-2018) y Franquesa anunció la promoción de un movimiento general en la UE contra la privatización de las pensiones.

Este portavoz aprovechó para denunciar “el intento de los poderes fácticos de menoscabar el movimiento” que aglutinan con la presentación esta semana en el Senado de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, que preside Ángel Rodríguez Castedo, ex director general del Imserso en tiempos del expresidente Felipe González y del Imserso con Zapatero.

La marcha de la manifestación la ha encabezado una pancarta de Coespe en defensa de las pensiones públicas y durante el recorrido se corearon numerosas consignas como “sin luz, sin gas, el rey tenía que estar”, “Sánchez, si eres socialista, escucha al pensionista. Si no lo eres, seguiremos en la lucha” o “pensionista resistente, luchador por el futuro y por el presente”.

Asjubi40: en pie de guerra para tumbar los coeficientes reductores

Decenas de miembros de la asociación Asjubi40 también han protagonizado esta marcha, en la que han vuelto a pedir la eliminación de los coeficientes reductores que penalizan la pensión de la jubilación anticipada en personas con más de 40 años cotizados.

“Queremos remarcar que el informe que ha mandado con nocturnidad y alevosía el señor Escrivá sobre la recomendación 12 del Pacto de Toledo el pasado 31 de julio, es un informe malintencionado, manipulador y hecho expresamente a medida para justificar que no se eliminen los coeficientes reductores”, ha recordado el portavoz de Asjubi40, Santiago Menchero. La asociación que representa a más de medio millón de jubilados anticipados penalizados presentó un contrainforme en el que exponía cada una de estas manipulaciones y daba “argumentos de sobra a todos los miembros de la comisión le Pacto de Toledo para rebatir el informe del señor ministro”, ha añadido Menchero.

“Que sepamos, a día de hoy, aún no se ha reunido la comisión del Pacto de Toledo para evaluar el informe de Escrivá y presentar una propuesta conjunta”, ha añadido. Por ello, ha reclamado que se produzca esa reunión y “que se presenten enmiendas para solucionar la injusticia a la que los anteriores gobiernos y este nos tienen sometidos”.

El portavoz de Asjubi40 ha subrayado que esta penalización “hace perder miles de euros cada año a cada miembro de este colectivo”, que ve reducida su pensión hasta en un 40%, “y es una cadena perpetua pese a haber cotizado 6, 8, 10 o 12 años más que los elegidos para cobrar el 100% de la pensión”. “Las pensiones se defienden gobierne quien gobierne”, corearon todos los jubilados asistentes a la manifestación, que comparten la petición de Asjubi40. No obstante, Escrivá se muestra reacio a discutir esta problemática, ya que no ha accedido a reunirse con estos jubilados penalizados. Por el momento, este colectivo sí ha sido escuchado por varios partidos políticos, que ya tienen en marcha diferentes enmiendas, según ha anunciado Menchero, y por la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio.