El Gobierno acelera los peajes para las autovías que Bruselas prefiere que sean de céntimos por kilómetro y no viñetas

Los peajes están cada día más cerca de ser una realidad en todas las vías de la red de alta capacidad españolas. Si hace unas semanas la ministra de Transportes (Mitma), Raquel Sánchez, aseguró en el Congreso que su departamento estaba trabajando ya en el sistema que iba a proponer para tarificar las autopistas y cobrar por su uso, ayer fue un paso más allá y aseguró que Transportes tendrá lista su propuesta «en unos meses». Un anuncio que complementó a lo dicho horas antes por el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, que aseguró en un foro en Galicia que «el modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa»; y lo comentado el lunes por la secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, que aseguró que es «imperativo» el pago de una tasa por el uso en las autovías españolas y apeló a «no aplazarlo más».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez avanzó que ya se están realizando diferentes estudios y análisis para determinar qué sistema se implementará, si bien aseguró que será una tarificación «justa, rigurosa y sostenible». El objetivo de esta medida, que según el Gobierno ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, es obtener recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad, una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes de los Presupuestos del Estado no son suficientes. El Gobierno se comprometió con Bruselas en mayo a adoptar un nuevo sistema de «pago por uso» en las carreteras a partir de 2024, en el marco de la recepción de todos los fondos europeos que España recibirá para la recuperación económica tras el paso de la pandemia.

El que contamina, paga

Pese a que en las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que el Gobierno trabajaba en un modelo de un pago anual para el uso de las autopistas, desde el Ministerio de Transportes aseguran que no hay ninguna decisión tomada. En un principio, de hecho, se barajó como alternativa más viable la implantación de un peaje «blando» de un céntimo por kilómetro para cubrir los costes de conservación de las carreteras dado que su construcción ya está amortizada. Esta es la opción preferida por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario cree que este tipo de tarificación se aproxima más al principio que defienden de que «el que contamina, paga». Por el contrario, las viñetas o tarifas planas anuales no reflejan a su entender de manera correcta el impacto climático del transporte por carretera.

Con José Luis Ábalos al frente del Mitma, se aseguró que la tarifa en la que se trabajaba estaría más cerca del céntimo por kilómetro que de lo que demanda Seopan, la patronal de las concesionarias. Esta organización, en su última estimación, considera que sería necesario aplicar un pago de 9 céntimos por kilómetro para asegurar una cantidad de ingresos suficiente con la que mantener las carreteras. Ábalos también deslizó en un debate parlamentario que su intención era que el coste de esta tasa fuera un tercio del proyectado por el PP en sus años de gobierno. Ábalos aseguró que, cuando gobernaba, el ejecutivo de Mariano Rajoy hizo estudios para la posible implantación de los peajes. Un estudio que realizó en 2018 la compañía de ingeniería pública Ineco para la hipotética aplicación de peajes a partir del año 2021 calculaba una horquilla de entre 246 y 287 euros a pagar por los vehículos ligeros por esta tasa según el escenario elegido, que oscilaba entre los 1,9 y 2,2 céntimos por kilómetro. En caso de que, como recoge el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, saliese adelante la opción de aplicar peajes a partir 2024 en los términos que esbozó Ábalos, el pago oscilaría entre los 165 y los 192 euros anuales para los vehículos ligeros.

Debido a las críticas que esta medida ha levantado desde que su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, la anunciase hace unos meses, la ministra insistió en que se tratará de un sistema «que se someterá al debate y al análisis de los agentes sociales, económicos y del sector del transporte». La ministra enfatizó que el sistema resultante buscará que no se generen agravios territoriales, algo que ahora pasa debido a que hay regiones con peajes y otras sin ellos e incluso algunos más caros que otros. “Buscaremos el consenso político para establecer un sistema que esté a la altura y para el cual ya se está analizando la mejor opción”, concluyó Sánchez, asegurando que el resultado se presentará de aquí a unos meses.