Iberdrola congelará la luz a la industria si Ribera recula

El mantenimiento de los contratos eléctricos ha ahorrado unos 2.000 millones de euros al sector industrial en lo que va de año

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola
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  (Foto de ARCHIVO)
03/09/2020
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola IBERDROLA (Foto de ARCHIVO) 03/09/2020IBERDROLA IBERDROLA

El rejonazo a las eléctricas, por el que se iban a «confiscar» hasta marzo 2.600 millones de euros e incluso más con los precios energéticos actuales, se va diluyendo a medida que el Gobierno detecta los efectos indeseados de sus medidas: retirada de inversiones de las dos grandes eléctricas, la más que posible amenaza de una subida de precios generaliza a los grandes consumidores de luz –la industria, principalmente– y previsibles parones de eólicas y fotovoltaicas para no vender a pérdidas. Un «tsunami» de consecuencias más devastadoras para la economía española, con su traslación al empleo, que los beneficios de detraer esos más de 2.600 millones a Iberdrola, Endesa y, en menor medida, Naturgy.

Hace una semana, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abría la puerta en su comparecencia ante el Pleno del Congreso a una suavización del decretazo contra las eléctricas para tratar de mitigar el alza de la factura de la luz ante la insuficiencia de las medidas impositivas tomadas por el Gobierno, entre ellas la rebaja del IVA de la factura del 21% al 10%, la práctica eliminación del impuesto eléctrico del 5% y la suspensión del impuesto de generación, que grava con un 7% la producción de electricidad y que las compañías repercuten en los precios que pagan los consumidores. Ribera explicó que el Ejecutivo no iba a aplicar el recorte de «beneficios extraordinarios» a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministraran energía a las industrias a «precios razonables».

Las eléctricas no tienen la obligación de vender energía a pérdidas, por lo que podían actualizar sus contratos con la industria, lo que repercutiría en una subida generalizada de los precios de las mercancías producidas y en una pérdida de la competitividad industrial dentro y, sobre todo, fuera de casa. Al malestar en la industria por las consecuencias nefastas de las medidas eléctricas del Gobierno se unieron dos factores adicionales: la merma de ingresos por las exportaciones y, sobre todo, el toque de atención del PNV, que trasladó al Ejecutivo la necesidad de que el Estado asumiera o aplazara el impacto de sus recortes a las eléctricas en la industria.

Ante esta situación, a Ribera no le quedó más remedio que ofrecer no aplicar este recorte a «quienes garanticen ‘ex novo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria». Así, las eléctricas que ofrezcan contratos a los grandes consumidores con precios previos a la escalada del gas o prorroguen los vigentes, no verían afectados por el «hachazo».

Iberdrola ha recogido el guante, pero con sus condiciones, lo que apunta a un acuerdo intermedio. La eléctrica que preside Ignacio Galán se compromete a congelar los precios eléctricos a la industria, siempre que no se perjudique la producción eléctrica con «tributos lesivos», como la «tasa» a las renovables, y el Gobierno retire el real decreto y la Ley, «criticada» hasta por la UE. «Nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española y ayudar a la prosperidad de nuestro país, señaló Galán.

La eléctrica valoró la voluntad del Gobierno de corregir «aquello que no se ha hecho bien» y llegar a un acuerdo. En lo que va de año, el hecho de mantener los precios pactados con la industria a pesar del incremento del precio de la electricidad ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros.

Por ello, la energética estima que «ahora que parece evidente ya para todo el mundo que las eléctricas no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios, sino que, muy al contrario, han soportado costes desorbitados del precio del gas natural, el Gobierno debe corregir dos errores, el real decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información». A cambio absorberá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación, «pero el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios».