Frenazo
El Gobierno descarta subir la fiscalidad del diésel en la situación actual
Ribera admite que perjudicaría mucho “a los que más lo necesitan”. Los transportistas no descartan ir a la huelga si no se toman medidas para compensar el encarecimiento de los combustibles
Esta vez, tampoco. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa allá por junio de 2018, una de las medidas fiscales que su Gobierno ha tenido en cartera ha sido incrementar la fiscalidad del diésel para equipararla a la de la gasolina.Pero por unas razones u otras, nunca ha encontrado el momento adecuado para hacerlo. Y ahora tampoco ha llegado. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha descartado hoy que, en la actual tendencia alcista de los precios de los carburantes, se vaya a subir los impuestos al diésel.
En declaraciones a RNE recogidas por Efe, Ribera ha recordado que en los últimos meses se ha vivido un incremento “muy notable” de los precios de los combustibles fósiles en los mercados internacionales, por lo que introducir un nuevo impuesto al diésel sería “enormemente sensible”, ya que “perjudicaría a los que más lo necesitan”. En su opinión, “hay que tener cuidado” con el momento en que se introduzca y con el destino de los recursos que se obtengan, porque la fiscalidad es un elemento retributivo “muy notable y muy importante”, razón por la que no entiende que todavía se oigan declaraciones “más bien al contrario”, en las que se apuesta por “reducir drásticamente la fiscalidad” porque así “difícilmente vamos a poder acompañar y generar oportunidades”.
Como ha asegurado Ribera, al calor de la recuperación y del incremento de los precios del petróleo, los carburantes están en plena escalada alcista. El precio medio del litro de gasolina encadena ya nueve semanas consecutivas de ascensos y se sitúa en los 1,505 euros, su mayor nivel desde finales de febrero de 2013, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Lo mismo ocurre con el precio medio del litro de gasóleo, que también acumula nueve semanas seguidas de aumentos tras incrementarse un 0,58% la pasada semana y situarse en los 1,381 euros, por lo que su cotización marca máximos desde mediados de septiembre de 2013.
Los transportistas, al límite
El anuncio de Ribera coincide casi en el tiempo con la amenaza de movilizaciones deslizada la semana pasada por el sector del transporte, el más perjudicado sin duda por este incremento en los precios de los carburantes. La mayor asociación de transportistas, Fenadismer, celebró la semana pasada su asamblea nacionalen la que se ha puesto de manifiesto la grave situación económica que atraviesan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas transportistas por el imparable aumento del gasóleo. Por ello, han exigido al Gobierno la adopción de manera inmediata de medidas que permitan repercutir dichos incrementos en las tarifas que perciben de sus clientes, evitando trabajar por debajo de costes.
La asamblea denunció la “grave situación económica que atraviesa el sector del transporte por carretera en España por la imparable subida del precio del gasóleo que se viene produciendo en los últimos meses, que ha supuesto un incremento cercano al 35% en el último año, lo que está ocasionando un deterioro muy grave y preocupante en la liquidez de los autónomos y empresas transportistas, al no ser capaces de repercutir los incrementos de dichos costes en los precios que perciben de sus clientes”. Por ello, los transportistas consideran imprescindible que el Gobierno adopte medidas urgentes que garanticen que empresarios y autónomos puedan repercutir dichos incrementos en sus tarifas, “evitando de este modo continuar trabajando a pérdidas, ya que resulta contradictorio y paradójico que en el momento actual de recuperación económica, con una mayor demanda de transporte, las tarifas de transporte, lejos de crecer para absorber estos incrementos de costes, se estén reduciendo de forma escandalosa en beneficio de las empresas cargadoras y operadores logísticos”.
Las transportistas advirtieron de que si no cuajaran las negociaciones que se están ya planteando con el Gobierno, no descartan “en el caso de que fuera necesario, convocar movilizaciones por la falta de respuesta inmediata a las reivindicaciones planteadas”.
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