Los inspectores de la Hacienda local alertan de una “oleada de recursos de inconstitucionalidad” y mayor inseguridad jurídica por la nueva plusvalía

La dudas sobre la constitucionalidad de la nueva plusvalía municipal vuelven a poner el peso de la inestabilidad sobre los hombros de los contribuyentes. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha advertido de que la entrada en vigor de la nueva plusvalía podría suponer un “riesgo” para los contribuyentes por las incertidumbres generadas con la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre y la regulación legal del impuesto aprobada mediante Real Decreto-Ley.

En este marco, los Inspectores de la Hacienda local han lamentado que los ayuntamientos hayan sido “ignorados” en la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional. “Máxime teniendo en cuenta la trascendencia del texto definitivo en las arcas municipales, cuya merma deberá compensar el Estado, lo que disparará aún más el déficit público”, ha avisado la asociación.

“Oleada” de recursos de inconstitucionalidad

El Consejo de Ministros aprobó vía decreto-ley la reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, que había quedado en suspenso con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 26 de octubre; para devolver la constitucionalidad al impuesto y para que, a su juicio, refleje la realidad del mercado inmobiliario. Los Inspectores de la Hacienda local consideran que la reforma legal de la plusvalía municipal llega “cuatro años tarde”, al tiempo que han criticado que las prisas de última hora han llevado a una regulación por Real Decreto Ley que “dará lugar a una oleada de recursos de inconstitucionalidad”. Tanto los técnicos de Hacienda (Gestha) como Asufin ven un “riesgo de inconstitucionalidad” en la nueva regulación del impuesto.

Para Gestha, “podría vulnerar el principio de reserva de ley del artículo 133 de la Constitución”. Por su parte, Asufin advirtió en una nota de que “la jurisprudencia del propio Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto-ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo”.

Asimismo, los Inspectores de la Hacienda local sostienen que desde la primera sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 se ha generado una “incertidumbre innecesaria” que ha perjudicado la seguridad jurídica de los contribuyentes y de la Administración, así como la labor diaria de los funcionarios locales, en especial del personal inspector que debe tratar directamente con los ciudadanos en su labor de lucha contra el fraude fiscal.

En este sentido, la asociación apunta que los términos acerca del alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre y la regulación cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 10 de noviembre vaticinan nuevos conflictos que deberán ir resolviendo los Tribunales de Justicia con la consecuente inestabilidad que tanto perjuicio causa a ciudadanos y entidades locales.

No obstante, admite que en el Real Decreto Ley que ahora entra en vigor se atiende en mayor medida al principio de capacidad económica y que algunas novedades como la tributación de transmisiones inferiores a un año, en muchas ocasiones puramente especulativas, sí satisfacen anteriores propuestas municipales y principios de justicia tributaria.