Espantada de la patronal ante el saqueo para pagar las pensiones

Escrivá se queda solo con los sindicatos en su plan para afrontar el «baby boom» y que los empresarios paguen casi por completo el alza del 0,6% en las cotizaciones que

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha acordado con los sindicatos el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que deberá sustituir en 2023 al derogado Factor de Sostenibilidad. La negativa de la CEOE a dar su conformidad al MEI, que incluye una subida de las cotizaciones del 0,6% entre 2023 y 2032 cuyo peso afrontarán en 0,5 puntos las empresas y en 0,1 puntos los trabajadores, deja en manos del Gobierno y con el único respaldo de los sindicatos de clase, el índice que deberá afrontar el gasto que supondrá el pago de pensiones a los ‘baby boomers’, los nacidos entre 1958 y 1977. En este periodo nacieron casi 14 millones de personas, 2,5 más que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en los veinte años siguientes. Se espera que el sistema alcance los 15 millones de pensionistas en 2048, momento a partir del cual, la presión comenzaría a bajar.

El ministro Escrivá ha comparecido para explicar de forma detallada el compromiso, cumpliendo así el plazo estipulado, que marcaba el 15 de noviembre como fecha tope para definir el MEI, aunque sin el plácet de todos los agentes sociales.

Además de este aumento de los ingresos, el mecanismo limita el gasto en pensiones, de forma que el incremento anual sobre el PIB, según las proyecciones del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report de 2024, no supere los 0,8 puntos del PIB en 2050, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy.

Y para ello, a partir de 2033, el Gobierno revisará cada tres años esta ratio y, en caso de desviación, deberá adoptar medidas adicionales pactadas en el seno del diálogo social y con acuerdo en el Pacto de Toledo, que pasan por la disposición de activos del fondo de reserva, con un límite anual del 0,2 % del PIB.

Si se supera dicho límite o se agota la llamada “hucha de las pensiones”, el Gobierno deberá negociar con los interlocutores sociales una propuesta dirigida a reducir el gasto en pensiones sobre el PIB en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo y, en caso de que no sea suficiente, a elevar las cotizaciones sociales.