Díaz redobla su presión a las empresas con un plan estratégico antifraude laboral

“Con este plan y esta estrategia, nos anticipamos a cualquier posibilidad de fraude masivo que pueda existir en el mercado de trabajo. No reparamos, sino que nos anticipamos”. Con este aviso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó tras el Consejo de Ministros su plan estratégico para modernizar la Inspección de Trabajo, a la que dota de “todas las herramientas y recursos necesarios para garantizar su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito laboral y para anticiparse al fraude”. Según ha explicado, este plan “cambia el paradigma de la Inspección tal y como la conocemos”.

Con ello, Díaz redobla la presión inspectora sobre las empresas, al dotar a este departamento de más medios, herramientas y competencias para readaptar su actividad a los cambios económicos y sociales que se han visto acelerados con la pandemia, mediante “una actualización de sus estrategias y planes de intervención” con los que hacer frente “a las formas de fraude laboral más novedosas”.

De este modo, el plan presentado busca, en primer lugar, fortalecer la institución para luchar contra la precariedad y el fraude laboral. Y para ello se crean nuevos directorios, como la nueva oficina estatal de lucha contra la discriminación, para combatirla de forma real y eficaz, ya sea de género, por discapacidad o condición sexual, por ejemplo. También se configurará una unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional, para detectar empresas buzón radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea y viceversa.

Según consta en el plan aprobado, la modernización de la Inspección pasa además por impulsar las nuevas tecnologías -el big data y la inteligencia artificial- en el diseño de las actuaciones inspectoras y por incorporar perfiles para afrontar los nuevos retos que surgen con la mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.

Según ha explicado el Ministerio, el plan prevé reforzar la intervención de la Inspección “en el caso de despidos colectivos, suspensiones de contratos y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo”, así como ampliar sus competencias para intervenir “cuando haya inaplicaciones de convenios colectivos”.

La Inspección de Trabajo se acercará a la ciudadanía promoviendo la entrega de documentación en formato electrónico y unificando los cauces de denuncia con la creación de un sistema de remisión electrónica, sin perjuicio del mantenimiento del Buzón de la Inspección. Estos nuevos cometidos obligarán a revisar toda la normativa para adaptarla a los entornos digitales y vacíos de regulación. Por tanto, Díaz adelantó que exigirá a la plantilla de la Inspección su formación y adaptación a los nuevos tiempos, además de incorporar perfiles adaptados a nuevas situaciones, como la mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.

Según confirmó la propia ministra, la Inspección ha finalizado 35.190 informes sobre los ERTE, que han terminado en 5.832 sanciones, y que, desde enero hasta mayo, se ha multiplicado “por un 355%” la actividad de la Inspección, un “récord de toda la serie histórica” y se han aumentado los sectores y colectivos a los que llega y ha logrado convertir en indefinidos 267.000 contratos de trabajo temporales en fraude. Con el nuevo plan, “vamos a abrir completamente el foco” de este organismo para dirigirlo a la “precariedad” y a “muchísimos sectores que son nuevos”, sentenció.