Bruselas avisa de que los fondos dependen del respeto al diálogo social

Las instituciones europeas se mantienen en prudente silencio, a pesar de que las tensiones entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre el incremento de las cotizaciones sociales para salvar las pensiones y la reforma laboral, no suponen una buena noticia para el despliegue de los 70.000 millones de euros en subvenciones directas que a España le corresponden dentro de Next Generation UE, el fondo para hacer frente a los estragos ocasionados por la pandemia.

El Gobierno español se ha comprometido con Bruselas a tener lista la reforma laboral antes de que termine el año y de ello depende que España pueda acceder al segundo desembolso de los fondos, valorado en 12.000 millones de euros, y que deberá llegar en los primeros seis meses de 2022, si no se produce un indeseado retraso.

El acuerdo operativo pactado hace una semana entre Bruselas y España aporta más claridad sobre el proceso de supervisión por parte de las instituciones europeas a la hora de comprobar si se están cumpliendo los objetivos de las reformas. Si bien en el apartado de las pensiones, el documento no hace ninguna referencia a la necesidad de acuerdo entre patronal y sindicatos, sí lo hace de manera reiterada en la descripción sobre lo concerniente a la reforma laboral.

En la explicación sobre los hitos y objetivos se repite siempre la misma frase que puede originar interpretaciones variadas: «Respeto al diálogo social como parte de una aproximación amplia que establezca un equilibrio entre flexibilidad y seguridad en el mercado laboral», referida a la simplificación de contratos, la modernización de las políticas activas de empleo, la conversión de los ERTES temporales en permanentes –aquí se añade la coletilla de la necesidad de «asegurar la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo»–, la reforma sobre la negociación colectiva y las subcontratas.

«Respeto al diálogo social» parece ser la frase talismán, que sin embargo no deja totalmente claro qué pasará si el Gobierno, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en plazo con todas las partes, decide presentar por su cuenta las reformas a Bruselas, sin el apoyo de sindicatos o empresarios, o si un posible pacto de mínimos entre las partes no resulta acorde con lo que la Comisión Europea describe como ese cacareado equilibrio entre «flexibilidad y seguridad».

Los comisarios europeos del ala económica siempre han defendido de manera pública la necesidad de un acuerdo entre patronal y sindicatos. Pero lo que supuso un balón de oxígeno para el gobierno, que ha tenido de esta forma más tiempo para cumplimentar estas reformas sin poner en peligro las primeras remesas de fondos, puede acabar siendo un arma de doble filo.