Más del 50% de los españoles podría necesitar un nuevo vehículo en 2023

La batalla contra el motor de combustión parece clara por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras las sucesivas advertencias acerca del final de los vehículos de esta categoría, ahora se añade una nueva regla que podría adelantar el fin de muchos coches.

La nueva Ley de cambio climático que prepara el ejecutivo español contempla una serie de cambios muy relevantes para los vehículos. Junto a esto está el plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada para los Presupuestos del Estado de 2022 que pretende marcar el camino de los motores de combustión en las grandes urbes.

Si todas las miradas están centradas en el año 2035, el Gobierno de España podría tener previsto un adelanto de más de 10 años para muchos vehículos. El plan anteriormente mencionado podría suponer un adelanto en los objetivos del fin de los motores de combustión mucho antes de lo esperado.

Movilidad urbana

Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes se verán severamente afectadas con los cambios en la movilidad de vehículos a combustión. Con la nueva Ley de cambio climático todas cambiarán las regulaciones que restringen los vehículos más contaminantes en las ciudades.

Esto puede suponer un cambio masivo de coches que afecte a muchos ciudadanos. Esta nueva legislación pretende que las ciudades cuenten con la mayor parte de vehículos de bajas emisiones, algo muy lejano a corto plazo aún en España.

El vehículo eléctrico, así, entra en escena ante este cambio de paradigma. Aun así, el precio de este tipo de coches sigue siendo elevado en comparación a uno de combustión algo que impide a muchos usuarios a dar el cambio a la electricidad.

Más del 50% de los vehículos

Si entrasen en vigor toda la regulación que propone el Gobierno de España a corto plazo podrían suponer un terremoto en la esfera privada. Según un estudio de la compañía de renting Idóneo.com, más del 53% de la población española se vería afectada con los cambios regulatorios de las ciudades.

España tiene 149 ciudades con más de 50.000 habitantes lo que supone que el 53% de la población vive en estas urbes. Si esta cifra se rebaja a 20.000, las ciudades afectadas suponen más de 400 en toda España, un dato muy considerable.

Llegados a este punto, la nueva legislación pretende hacer énfasis en aplicar retricciones en las grandes ciudades con zonas de bajas emisiones (ZBE). En estas las limitaciones a los vehículos más contaminantes son mayores lo que provocaría que una gran parte de la población española se viese afectada.

Si el plan de Choque previsto en los Presupuestos Generales del Estado sigue su andadura, más del 53% de la población podría verse afectado y necesitar un cambio de vehículo. La cantidad de coches eléctricos y de bajas emisiones todavía no es la mayoritaria en España, algo que pone en entredicho la prisa por parte de la administración.

Así las cosas, si se acelera el plan europeo de 2035, muchos españoles deberán hacer frente al gasto que supone cambiar de vehículo. Además, este nuevo coche deberá contaminar menos lo que pondrá en aprietos a aquellos que también busquen de segunda mano.